|
||||||
La justicia depende de los hombres, Resumen Es necesario en tal sentido abordar que construcciones del modelo económico y jurídico entran en contradicción frente a los planteamientos ambientales, para así profundizar en el objetivo concreto que se persigue tras las estructuras en formación del derecho ambiental y finalmente visualizar las posibles soluciones a este reto de transformación social. Palabras Claves: Principio Intergeneracional, Arrow, propiedad privada, Ambiente.
Contenido 5- Comentarios finales-
1. PRIMERA PARTE – DEBATE 1 En tal sentido, la evolución de las estructuras sociales reducidas al individualismo metodológico, fundaron las bases en las que el desarrollo político -librado por el Estado de Derecho- y económico -a través de la teoría de la elección individual- consolidaron en la satisfacción de las necesidades individuales un modelo de ordenamiento comunitario capaz de satisfacer la “racionalidad liberal” de un individuo politicón cuyo derecho de librar su vida conforme sus preferencias solo se limitaba –de acuerdo al silogismo- a los derechos individuales surgidos de las preferencias de los demás. Con ello establecido, podemos precisar la existencia de tres pilares del razonamiento del modelo liberal, a saber:
Mediante estas bases[2], el liberalismo tripartito proporcionó el mecanismo con el cual la sociedad post revolución francesa se consolidaría en torno a un fenómeno económico cuyo crecimiento, más grande que el control estatal, fundamentó sus cimientos en los derechos individuales inquebrantables de la ciudadanía como una visión unificadora que permitiría a la postre el nacimiento del sistema económico mundial. De esta manera, el derecho individual de la propiedad privada sería considerado una premisa inalienable, cuyo límite en principio no existía, otorgándose para tal fin características de perpetua, exclusiva y absoluta, generándose intrínsecamente en la propiedad de los bienes una jerarquía incluso mayor que la libertad y la vida, pues estas se veían restringidas en los debates frente a la capacidad por mayoría de edad y el derecho consigo a elegir y ser elegido, y el momento especifico en que la vida surge, hecho que evidenciaba la gran inmunidad ideológica que el derecho de propiedad ostentaba en la legislación como sostén del paradigma económico. En tal sentido, la plataforma del liberalismo formó para sí mismo un ser racional dinamizador de las propiedades económicas del sistema que constituyeran el catalizador de las trasformaciones políticas y sociales necesarias para el sostenimiento del mercado. Estas características pueden ser consideradas en tres grupos que responden tres preguntas: 1. ¿Cómo preferir racionalmente? a) P. de Completitud: Mediante este principio se pretende dar explicación a la capacidad de un individuo para comparar dos cestas de consumo (bienes o servicios) y definir con claridad la relación existente entre dichas cestas. Este principio se deriva del completo conocimiento que tiene un individuo para contemplar cualquiera de las tres decisiones posibles en su análisis de preferencias, es decir: A se prefiere más que B, o B se prefiere más que A, o finalmente los dos son igualmente preferidos b) P. de Reflexividad: Este principio precisa que una cesta de consumo es igualmente preferida a ella misma, en similar sentido que establecer que cualquier cesta es al menos tan buena como otra que tenga las mismas características de la primera. De esta manera, siendo el bien en el mercado una manzana, es igualmente preferible a otra manzana al otro lado del mundo, siendo sus características propias inherentes al análisis económico basado en la elección racional, pues las dos pertenecen al mismo carácter genérico del bien: Manzana. c) P. de Transitividad: La propiedad transitiva del consumidor busca encontrar la mejor decisión dentro de las opciones que tiene el consumidor, ya que esta supone que las decisiones son informadas y poseen un carácter vinculante con otras preferencias que consolidan un patrón de preferencias racional. En este entendido, si un individuo prefiere A sobre B, y a su vez B sobre C, se deduciría que A seria preferido a C, garantizándose este traspaso de preferencias entre bienes. 2. ¿Cómo dar lógica al modelo? 3. ¿Cómo eternizar el modelo? Así las cosas, el enfoque económico de la sociedad liberal presentó un esquema sostenible en el tiempo a causa del enlace realizado con los derechos exigibles por los ciudadanos-consumidores al Estado moderno, tanto por la prerrogativa de autodeterminación, como por el derecho inalienable y casi ilimitado a la propiedad privada, espacio en el que finalmente se desarrollarían todas las preferencias y que daría aire al motor que constituye la sociedad liberal. No obstante lo anterior diversos acontecimientos repercutieron en que estas estructuras se pusiesen en duda, ya que su puesta en práctica o no era válida fácticamente o impulsaba procesos recesionistas de la economía. Dos de los más importantes fueron el librado en 1929 frente al liberalismo clásico, que se solventó a través de las tesis keynesianas de la demanda agregada y la política fiscal, y posteriormente la segunda fase de este proceso se desarrolló a la mitad de la década de los 60´s[4] y más propiamente en la crisis petrolera de 1973 causada por la estanflación de la economía, que derivó a la reformulación de los planteamientos keynesianos, transformándolos en un esquema minimizador de la política de bienestar propiciada desde la finalización de la segunda guerra mundial, consolidando a su vez la bases de la denominada economía neoliberal. Del mismo modo en que década tras década se ponía en duda los postulados ineludibles de la racionalidad económica del liberalismo y con ello las tesis epistemológicas de organización social es este sistema, diversos acontecimientos aunaron grandes cambios en el inconsciente colectivo del pensamiento occidental consecuencia del vislumbramiento naciente de los grandes impactos ambientales generados por el desarrollo económico industrial, sin embargo estos ahora no solo se observaban como acontecimientos de trasformación social como ya lo habían sido considerados desde el siglo XIX con los estudios sociológicos de Marx y Engels, sino esta vez enfatizados en el degradamiento ecosistémico que implicaban algunas actividades industriales. Uno de los primeros acontecimientos que dieron surgimiento al paradigma del daño ambiental se basó en la publicación científica del año 1962 titulada La primavera silenciosa[5], la cual hacía referencia a la contaminación en Boston (EEUU) por pesticidas en la fauna y flora, hecho que en primera medida abrió las puertas al ecologismo estadounidense, como también a que posteriormente el Departamento de Agricultura reformulará la política de agrotóxicos, en donde el DDT fue prohibido, sentando la necesidad de creación de una institución encargada de la regulación ambiental, que a la postre dicha necesidad se convertiría en la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Todo ello repercutió en el análisis de las externalidades que el sistema económico liberal y el respeto a las características de la elección racional evocaban en la sociedad y el ambiente en medio de un contexto cuya tendencia gubernamental fomentaba la industria y hacia menos acuciosa la intervención estatal. De esta manera, desde el año 1972 con el informe del Club de Roma denominado Los límites del crecimiento, y la posterior creación del PNUMA como muestra de la preocupación mundial por el deterioro ambiental diagnosticado en la Primera cumbre de la Tierra de la ONU realizada en Estocolmo en ese mismo año, derivó tanto en la trasformación conceptual de los peligros que existían en la industria y el desarrollo económico desenfrenado post segunda guerra mundial -que a la postre se nuclearia en la denominada sociedad de riesgo[6]- al igual que en la continua construcción de principios ambientales que impactarían en las legislaciones como mecanismos preventivos y disuasivos de hechos dañinos al ambiente y por ende a las comunidades que habitan en los mismos. La importancia de la construcción del paradigma ambiental desde la década de los 70’s hasta su cúspide máxima en el año de 1992 con la Declaración de Rio, radica en que la racionalidad establecida por el modelo económico liberal se encontraba cuestionada tanto por las practicas peligrosas que esta repercutía en un mercado con la menor intervención posible[7], como también por los fundamentos de comercio que esta encarnaba y por lo que conllevaba a la práctica de un consumo no sostenible. Instituido el impulso social de reflexión ante el modelo de “desarrollo” que se había implementado con la economía liberal, advino un sinnúmero de cuestionamientos morales y de razonabilidad sobre los principios instituidos bajo la protección de la lógica de la teoría de la elección racional y preferencias reveladas, preceptos que han empezado a ceder por la irreal facticidad de sus implicancias y los aún más gravosos resultados en su continua práctica, hecho que conlleva a presentar insubsanables contradicciones con principios ambientales y sociales creados a partir de una óptima más integral entre el hombre, su entorno y el desarrollo económico sostenible que permita la subsistencia de la vida a más largo plazo.
Así las cosas, el principio de Completitud ha abarcado innumerables críticas respecto a la veracidad de sus planteamientos, toda vez que existe una clara contradicción con la realidad social frente al conocimiento pleno del individuo, ya que en la elección de las preferencias es imposible concebir todas las circunstancias que le permitan elegir la mejor opción, y menos aún sí esta implica objetivamente ser la de mayor utilidad, contradiciendo de tal manera también el principio de Convexidad, por cuanto las elecciones en un gran porcentaje se realizan no con el objetivo de obtener mayor ganancia –P. de Ausencia de saciedad local- o eficiencia, sino para satisfacer otras necesidades desligadas por completo de la razonabilidad económica, tal como todas aquellas que son provocadas por sentimientos ajenos a la acumulación monetaria, como el altruismo, el amor, u otros sentimientos tan cotidianos que son claves para la toma de decisiones y a su vez son ajenos a la ecuación económica de la función de utilidad. Del mismo modo, principios como el de Reflexividad y Transitividad se han enmarcado en decisiones racionales que por un lado obvian importantes diferencias de bienes y servicios que a pesar de pertenecer al mismo grupo genérico de cosas son tratadas como iguales (frente a la reflexividad), así como también se vislumbra una sistematización racional de traspaso de información de preferencias de un bien/servicio a otro, consolidando una cadena coherente de decisiones (en el caso de la transitividad), intrínsecamente inaplicables en el consumidor primario, y por ende, inexistente en la lógica del mercado. No obstante lo anterior, este debate se vuelve mucho más complejo al observar que algunas de las características omitidas para otorgar un carácter igualitario a un bien y servicio (P. de reflexividad) y así evitar adherir en el análisis racional de preferencias algunos sentimientos no acordes a la búsqueda de utilidad económica, son en realidad características de vital esencia del bien/servicio puesto en la oferta del mercado, pues estos representan en muchos de los casos su historia de producción, o valga decir, los medios productivos con los cuales obtuvo vida comercial. En tal sentido, el debate se amplía no solo a una contradicción entre la razonabilidad económica liberal y la inaplicabilidad física/natural (P. de Completitud y Ausencia de saciedad local) y lógica-social (el resto de principios) de cumplirla, sino también a un problema moral que la hace inadmisible pues ello implicaría determinar con mayor importancia el bien/servicio en sí mismo, más que las condiciones necesarias que fueron usadas -y en ciertos casos sacrificadas- para obtenerlo como una cesta de consumo. Observado todo lo anterior, el análisis más consistente y consciente de los principios producto de la teoría de la elección racional, nos dan muestra que estos hacen parte del cambio paradigmático existe en el postmodernismo, en donde de primera mano pone en crisis una realidad objetiva que promueve la economía liberal y más aún cuando esta se sostiene de un “hombre racional” cuyo pensamiento dista de la perspectiva del ciudadano común (crisis con la teoría de la elección individual) y se enfoca a sostener un modelo económico en base a decisiones en gran medida incoherentes con la naturaleza humana y física del contexto. Por tanto, para poner en paralelo el enfoque crítico de la economía de libre mercado y los planteamientos posmodernos, es necesario precisar que en este último se encuentran circunscritas tres características básicas del modelo[8]., a saber: (1) antidualista, al considerar al mundo como un espacio de infinitas perspectivas, en donde es necesario precisar un claro (2) cuestionamiento a la verdad, por cuanto la realidad se forma de puntos de vista que el espectador tiene, dependiendo estas de las características y condiciones propias, formas de vida y experiencias individuales, diferentes a las de otros espectadores -siendo así también relativa la historia- y finalmente se consolida un (3) giro lingüístico al considerar que el lenguaje moldea el pensamiento y no al revés, por lo cual no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, siendo por ello el lenguaje creador final de la perspectiva de la realidad. De esta manera el relativismo de la realidad en un mundo con infinidad de información, que a pesar de que su acceso es más amplio al tiempo su acumulación total y puesta en práctica racional para tomar decisiones es sincrónicamente imposible, hace prever que más allá de la crisis precisada por la ciencia frente a conceptos ambientales como el principio precautorio y preventivo, nos demuestran que las fallas trascienden a la percepción de una sola premisa del modelo de mercado, sino a la estructura en si misma del desarrollo económico y como esta se representa como guía social de prosperidad en base a factores insubsanablemente irreales. Con ello precisado se debe confrontar los dos últimos planteamientos que originan un cambio de perspectiva de tan gran magnitud que la resolución de sus conflictos racionales y morales prevén un cabio direccional del paradigma social. Para dar el debido análisis al respecto, debemos antes precisar el significado de la “función de utilidad”, ya que esta será el eje de ruta de las discusiones posteriores y el encuentro del fin último de todos los principios de la economía liberal. En este sentido, la función de utilidad la entenderemos como la medición de la satisfacción más la utilidad que tiene un o una ciudadana en la consumo de algún bien/servicio[9], de tal manera que las preferencias sean predecibles si existe un modelo de mercado definido y con decisiones del o la ciudadana netamente racionales. Ahora bien, dicho lo anterior, la satisfacción se debe entender como el gusto imperante frente al agrado de consumir cierto bien/servicio, que en conjunto con la utilidad, como el cumplimiento satisfactorio del propósito con el que se originó el consumo, son parte casi inalienable tanto de los actos comerciales como también de las decisiones políticas y sus costos. Sin embargo, la problemática se origina cuando observamos que existen unos parámetros delimitados frente a como se debe comprender la utilidad y posteriormente la satisfacción dentro del acto de consumo -pero también de las decisiones políticas-, donde el incumplimiento de estas hacen fallida la decisión racional frente a la satisfacción de una necesidad. Estos parámetros son los que hemos visto en tanto principios de la elección racional, cuyos fines se dirigen a brindar solidez a la teoría de la elección racional, pero también a garantizar a dicho paradigma liberal su permanencia como método de decisión económica, política y económica de una sociedad. Así las cosas, los principios de convexidad de las preferencias y ausencia de saciedad local escenifican dos de los tres macropilares del modelo económico liberal respecto a la función de utilidad, pues más allá de consolidar sus funciones de lógica acumulativa y de utilidad, también argumentan la coherencia de la racionalidad expuesta en el primer macropilar del modelo (principios de la elección racional), ya que mientras por un lado se precisa como perspectiva de satisfacción la mayor acumulación posible sin mayor barrera que el esfuerzo propio por conseguir más acumulación, por el otro se argumenta que cualquier valor puede ser disminuido con el fin de lograr obtener una mayor utilidad -entendida esta en la vinculación con la acumulación-, simbiosis que enmarca la razón del pensar económico, siempre que este respete los demás principios racionales ya mencionados. No obstante, estas definiciones presionaron indefinidamente a la existencia de una racionalidad que es invalida aunque claramente coherente con un modelo económico cuyas bases –aunque inexistentes- debían ser en principio (1) la infinidad de bienes/servicios para así cumplir el propósito de infinita acumulación, como también (2) la omisión de las decisiones morales en base a principios éticos dentro de la ecuación de función de utilidad en cualquier ámbito de la economía, la política y el ordenamiento social, siendo su incorporación considerada un planteamiento que imposibilita la racionalidad. Esto derivo a que la aplicación conjunta de los principios de convexidad y ausencia de saciedad local en el esquema liberal requiriese un contexto incoherente con la realidad, siendo imposible planificar sin considerar la limitación de recursos y en definitiva la construcción más importante de la racionalidad filosófica del hombre y de la cual se han consolidado sus mayores obras, la ética y la moral práctica, esencia del deber ser social y todos los desarrollos que se cobijan a partir de ello, entre ellos la evolución del entendimiento de la economía como una herramienta de la comunidad para lograr el bienestar común. Presentadas las anteriores objeciones, estos dos principios imperiosamente reflejaron el nacimiento de otro nuevo tipo de “racionalidad”, esta vez incorporando realidades contextuales inalienables al análisis de la función de utilidad presentada por el modelo económico liberal, generando con ello un mayor grado de coherencia dentro de la aplicación de la función social que hace exigible toda organización, y por ende sus decisiones, bajo la protección de un sistema jurídico cuyo objetivo es la justicia comunitaria que no puede ser entendida sin integrarla dentro de los parámetros de justicia universal. En este entendido, los pilares filosóficos del modelo liberal (derecho individual, Estado de derecho y autoridad pública) han sufrido modificaciones integrales en sus características y fines, siendo uno de los catalizadores de esta trasformación los derechos colectivos -entre ellos el derecho ambiental- gracias a la dicotomía presentada entre la confrontación de un régimen legal cuyo fin es la protección del individuo, frente al surgimiento de principios sociales que generaron la ampliación de prerrogativas no solo a un conjunto de ciudadanos, sino también al surgimiento de un enfoque comunitario general, en el que incluso se presenta más necesario que posible el otorgamiento de sujetos de derecho a las personas no humanas y su colectivo, el ambiente.
Uno de los principales cambios dentro del paradigma económico liberal se centra en la modificación de los características de universalidad, exclusividad y absoluto del derecho de propiedad privada, por cuanto las mismas entran en pleno conflicto con la consolidación de derechos colectivos que exigen un respeto mayor (supranivel) al invocado desde el derecho de propiedad privada. Las referencias no son solo comunes sino generalizadas al entender que infinidad de bienes/servicios hacen parte de una cadena formativa de derechos colectivos que no pueden ser objeto de legitima protección solo por el hecho de pertenecer a alguien y sea usado en libertad, incluso generándosele su destrucción, con el único fundamento al respeto del derecho individual que es tratado desde la perspectiva de la propiedad privada como una prerrogativa superior a los fines sociales que a la misma propiedad le han sido consagrados en la mayoría de las Constituciones[10]. Estos quebrantamientos sobre instituciones tan sólidas como el modelo mismo, al considerar la puesta en duda del carácter absoluto de la propiedad privada como piedra angular del sistema económico liberal y junto a ello la amplitud de principios de racionalidad en los que se sostiene, dan fe que las nuevas exigencias sociales, a tiempo o no, han enfocado en la irrealidad de sus fundamentos y propósitos la crisis de todo el modelo económico (en específico los principios de ausencia de saciedad local, convexidad y reflexividad), guías que han servido para la catástrofe social y ambiental a las que se ha dirigido una sociedad consumista pero no autosostenible, que de seguir en su ferviente lucha por la protección de los pilares de la economía y la racionalidad de allí engendrada, se ha acabado de percatar que se dirige a su autodestrucción. Por tanto, la transformación integral que están empezando a sufrir los derechos individuales y los fundamentos existenciales de todo un sistema social, político y sobre todo económico, han abierto el camino para el ingreso de la discusión de nuevos paradigmas organizacionales que instituyan en sus bases ideológicas y vislumbramientos prácticos las fuentes capaces de ampliar la gama de derechos cuyo propósito excluya las consideraciones insostenibles de los fines comunitarios y de cada ciudadano, a su vez que incluye las nuevas necesidades sociales proyectadas al sostenimiento armónico de la vida.
2. Paréntesis – Todas estas inconsistencias que ha venido presentando el sistema económico basado en la racionalidad de un mercado perfecto a través de un ciudadano-consumidor ajeno a la realidad, con el fin de guardar coherencia con modelos económicos inexistentes frente a las limitaciones físicas tanto del ser humano como del ambiente, originaron que algunas corrientes del pensamiento económico contemporáneo avizoraran que la teoría de la elección racional debía ser cuestionada a fin de satisfacer la demanda de una método capaz de analizar –y si se quiere, predecir- las decisiones que rodean el mercado de bienes/servicios actuales, y de esta manera también precisar un sistema político acorde al esquema económico real existente. Consecuencia de ello se desprendieron diversas investigaciones psicológicas y sociológicas practicadas desde la segunda mitad del siglo XX[11], siendo el trabajo Teoría prospectiva: Toma de Decisiones Bajo Riesgos[12]. la obra que desató la ausencia de similitud entre los modelos microeconómicos cognitivos de toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre en contraposición a los practicados en base a los modelos económicos de conducta racional, puesto que el homo economicus cuyo fin se determina por medio de la rational choice no encontraba validez pragmática en las decisiones y las preferencias establecidas en la vida real y tomadas por ciudadanos como consumidores no estandarizables[13], los cuales por el contrario basaban sus objetivos de mercado por fuera de los principios enmarcados como válidos por la teoría liberal. Por ende la corriente conductualista se contrapuso a los planteamientos incorporados en las máximas de la teoría de la elección racional, estableciendo con ello cinco premisas-error que ostenta la elección de consumo, a saber: 1. Las decisiones de mercado no siguen las fórmulas matemáticas de la elección racional, sino por el contrario se desprenden de decisiones heurísticas producto de experiencias propias y ajenas (proceso de aprendizaje) que han llevado al consumidor a tener preferencias construidas en base a un historial de expectativas de hechos conocidos. 2. La gran mayoría de decisiones (en especial las referentes a microeconomía) no buscan la máxima utilidad posible, sino por el contrario el logro de satisfacciones personales, la gran parte de ellas enfocadas a la consecución de condiciones necesarias para el sostenimiento de una vida digna o una necesidad inmediata. Se debe partir de considerar a la racionalidad como un factor limitado que tienen todos los ciudadanos en la toma de decisiones. 3. Se debe considerar a las perspectivas éticas y gustos individuales como partes fundamentales en la construcción de la toma de decisiones económicas y políticas, más allá de la racionalidad conforme a la búsqueda de utilidad. 4. Las decisiones al constituirse como procesos de aprendizaje, también se planifican a largo plazo, asumiendo como prioridad la satisfacción cotidiana en un tiempo considerable, más que la utilidad máxima de cada acción. Establecidas las diferencias anteriores, la economía de la conducta, ahora como un estudio paralelo de la economía racional liberal, se empeñó por conceptualizar los fundamentos estructurales con los cuales las decisiones del ciudadano-consumidor se guiarán en su elección de preferencias, precisando tres máximas en dicha búsqueda: (1) Descuento Hiperbólico, haciendo referencia a la transformación de las preferencias de acuerdo a contexto y tiempo, teniendo un desvalor lo que se encuentra en el futuro, por lo que los criterios de razonabilidad son cambiante y no unificados o constantes en el tiempo[14]; (2) Nivel de Compensación de Utilidades, donde se hace énfasis en la falta de conexidad entre el valor de utilidad presentado por el rational choice y el valor de utilidad del razonamiento cotidiano, encontrando niveles de satisfacción desigual ante situaciones en las que racionalmente no se debería sentir complacencia[15] ; y el (3) Efecto Anclaje, el cual centra su objetivo en el reconocimiento del “prejuicio” social ante el cambio de información que conlleve a la trasformación de una idea o preferencia, en tal sentido la información que deviene con posterioridad a la ya concebida como real, debe ser el doble de contundente y/o impactante que la primera, y no por el grado de racionalidad o utilidad que esta tenga, base de lo que se concebiría como Efecto Marcur[16]. De esta forma, la economía de la conducta, evidenciando pragmáticamente las inconsistencias presentes en la racionalidad liberal, instauró una nueva forma del análisis económico que sin preverlo fundo al mismo tiempo las bases de un método de racionalidad alterno que abre las puertas a la profundización del paradigma ambiental como una plataforma tanto de objeto normativo y determinación económica, como también de la determinación ética de la democracia y las formas organizativas de la sociedad actual, planteamientos que se desarrollaran a continuación.
3. SEGUNDA PARTE – DEBATE 2 Como bien observamos, el conductualismo económico estructuró los cimientos para el establecimiento desde la economía del paradigma ambiental como función de mercado y objeto social de la política, por cuanto en sus tres máximas para la crítica central al rational choice encarna dos ideales de trasformación organizacional. En primera medida podemos establecer que el descuento hiperbólico ampliamente aceptado en la economía y estudios de mercados, repercute en la idea de que acciones concernientes a la protección de la naturaleza enfocadas al mejoramiento de las condiciones futuras del ambiente, tienen per se un desvalor que las hace menos atractivas que las actuales practicas industriales y de consumo, de las cuales se desprenden los perjuicios ambientales. Ahora bien, dicho descuento seria por tanto contrario pragmáticamente al establecimiento de políticas públicas encaminadas al respeto del principio de equidad intergeneracional, siendo este afectado por las necesidades actuales que tendrían más valor que las futuras[17] . En este sentido, la aplicación de políticas públicas que respondan al cumplimiento del principio de equidad intergeneracional solo sería posible mediante la irremediable puesta en escena del detrimento causado a los servicios ecosistémicos, la necesidad de que estos deben ser restaurados para garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos y los costos monetarios que esta restauración implicará para los ya afectados e implicaría frente a la proyección de los futuros daños de continuar con las mismas prácticas lesivas. De este modo el descuento hiperbólico menguaría su accionar toda vez que transpolaría el “des” valor futuro del cumplimiento del principio de equidad intergeneracional, a los costos actuales frente a la restauración de los daños ambientales ya producidos, generando de manera indirecta también el cumplimiento del mismo principio con el fin de que este sea eficaz. Por otro lado, el nivel de compensación de utilidades y el efecto anclaje estarían destinados a resolver una de las mayores problemáticas de los actuales sistemas de gobierno, referente a la falta de institucionalidad que los Estados y sus estructuras de poder presentan en la actualidad, fenómeno que trasciende el ámbito latinoamericano pues es provocada por variadas circunstancias que en principio surgen por los altos índices de corrupción y crisis económicas sistemáticas, fenómeno que ha pasado a denominarse en la jerga politológica como crisis de los partidos[18]. De este modo –y de la mano del efecto Marcur-, la carencia de factores de relevante peso que incidan en el cambio de opinión social favorable hacia las formas de gobierno, indistintamente sean las posiciones políticas de turno, ha repercutido en la necesidad de encontrar un objetivo social capaz de catapultar la confianza en los Estados y en la misma medida convertir a la ciudadanía en un componente vinculante al logro de este propósito, y junto a este a los demás objetivos que tenga dicho Estado, dejando con ello de precisar a la sociedad de opinión como un vector de resistencia hacia su realización. Este propósito unificador que brindaría solución a la crisis institucional, cuyo índice de apoyo es generalizado[19], no podría ser otro en la actualidad que la protección ambiental[20]. Sin embargo, existe una gran probabilidad que este objetivo sea usado como forma de capitalizar más adeptos electorales, siendo finalmente implementadas políticas espejo que no generarían cambio alguno en las estructuras productivas generadoras de los mayores detrimentos ambientales y sociales. Dicho esto, es necesario –siguiendo con la tesis Marcur- realizar esfuerzos exponenciales con los cuales demostrar claramente el cambio de enfoque gubernamental y la solides de las políticas ambientales como pruebas de la necesidad de eficacia que requiere el Estado y la sociedad, para lo cual se haría necesario estrategias evolutivamente estables -como lo plantearía originariamente F. Hayek[21]- que respondieran no solo a contextos diferentes, sino a formas de relacionamiento de mismas sociedades que cambian con el tiempo, de tal modo que lograsen consolidar construcciones culturales –o también llamados memes- capaces de alterar los paradigmas y fines sociales de manera natural, y estos por su parte exijan a los estamentos públicos políticas proambiente.
4- Paréntesis – Concebido todo lo anterior, el engranaje de un completa estructura socio-ambiental aun quedaría inconclusa, ya que faltaría para ello dar respuesta a la función social de razonabilidad que cumpla con el fundamento socio-ambiental contemplado en el capítulo anterior, es decir, que logre cumplir a satisfacción la recuperación de la confianza institucional, al tiempo que la esencia del fin estatal frente a la protección ambiental se integre coherente y ecuánimemente con las políticas públicas efectivamente desarrolladas, presentando este valor como un prerrequisito para el cumplimiento del restante universo de derechos personales y colectivos que el Estado también debe velar por su efectivización. Así las cosas, esta función social de razonabilidad ambiental deberá en primera medida superar la fuerte limitación presentada por la teoría del prestigioso matemático K. Arrow[22] frente a la imposibilidad de la consolidación de una teoría de elección social, por cuanto ningún sistema gubernamental democrático puede, en base a la construcción de voluntades individuales, cumplir con las tres exigencias de una decisión social, a saber: (1) coherencia de mayor elección absoluta[23], (2) coherencia de elección al existir disidencia del segundo grupo con mayor preferencia[24], y (3) coherencia de elección al alterarse alguna preferencia fuera de los grupos con mayor elección[25]. En este entendido, el teorema de imposibilidad se presenta ante el impedimento de trasladar todas las voluntades individuales en base a la razonabilidad liberal del rational choice y consolidar la voluntad de las mayorías, hecho que se hace evidente tanto para sostener las inconsistencias económicas de un pensamiento unísono y sostenido en la utilidad acumulativa, como también la formación de una racionalidad social con la capacidad de dirigir sus decisiones conforme a la utilidad de preferencias reveladas, diezmando construcciones sociales -tal como la cultura- como cargas trascendentales en la diferenciación de imposición de valor y desvalores frente a ciertas decisiones. En todo caso, para dar respuesta satisfactoria a esta imposibilidad, el paradigma ambiental debe ser tomado como una línea trasversal de toda política pública, haciendo de esta una plataforma ética para el desarrollo legítimo de las decisiones estatales. De esta forma, las preferencias que hayan satisfactoriamente cumplido este principio de base ético, indiferentemente del partido o estructura ideológica del que provenga, tendrá por si misma validez, por cuanto cumplirá independientemente los fines éticos ambientales, que encarnaran en sí mismos la creación de una nueva racionalidad moral ante la trasformación necesaria de los mecanismos de producción y estructuración económica que permitan, si bien un contexto realmente apto para la garantía y cumplimiento de todo el resto de derechos, principalmente los colectivos, esta tendrá como fin principal responder ante la demanda de un ambiente que permita la supervivencia del hombre en sociedad.
5- Comentarios finales- Después de haber analizado todo lo anterior, es de suma importancia hacer énfasis en dos de las situaciones más relevantes que encontramos en la contextualización y materialización de algunos de los planteamientos expuestos en este breve texto: 1. Núcleo problemático: como se ha observado cíclicamente en la historia y desarrollo del modelo económico actual, su sostenimiento en gran medida se ha debido a la incorporación de soluciones flexibles a su objetivo primario sin dar verdadera solución a la problemática de origen, esto es, brinda una “No respuesta” hacia un conflicto que pone en debate sus cimientos filosóficos, políticos y pragmáticos. En esta medida, el modelo liberal económico ha diseñado una amplia gama de derechos que sin serlo, en el consciente colectivo se ha suscrito como conexos e inseparables del modelo económico liberal, el más importante de ellos es el sistema representativo democrático. De esta manera, falencias como la agravada inequidad que consolida factores de injusticia, son constantemente mellados con los principios democráticos, que aun sin aplicación objetiva de factores de equidad que brinden solidez al sistema representativo y con ello su legitimidad, el modelo económico se auto-fortalece impidiendo una solución real a dicha problemática. Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el mercado liberal ha realizado cambios importantes debido al preocupante estado de contaminación y continuo detrimento que el ambiente y los limites planetarios[26]. han sufrido en el trascurso del desarrollo industrial, no obstante cabe señalar que dichas soluciones ahora hacen parte del marketing que en nada mella los principios de ausencia de saciedad local, convexidad y reflexividad, pues el objetivo primario es el aumento aún más exacerbado de la sobreproducción e híperconsumo, aunque ello no solo genere un costo diametralmente irracional que pone en riesgo la existencia del ser humano y consecuentemente de su modelo económico. 2. La trasformación sistemática hacia el paradigma incluyente del nuevo otro como medio de incorporación del pensamiento ambiental en cada uno de los actos y relacionamientos sociales que tiene el hombre, pasa necesariamente por la construcción cultural de una nueva forma de vida, cuyos deseos irracionales basados en propósitos netamente individuales cambien a otros (que a pesar de tener finalmente un génesis también individualista) que repercutan en el sostenimiento de la vida en su conjunto como mecanismo necesario para la obtención propia de una vida digna, hecho que debe ser considerado una máxima moral fáctica, despojando de dicho puesto el que hoy lo tiene el acto de acumular. Así pues, uno de los primeros pasos relevantes debe ser en lo nacional la consolidación legal y regularización de la Agenda 21 de Rio de 1992 que permite la democratización y descentralización social y ambiental del poder estatal, generando en la inclusión comunitaria los recursos necesarios para decisiones más acercadas a la justicia incluso económica, mientras que en el plano internacional, la inclusión del principio proambiente como regla ius cogens y la creación o modificación de órganos ya existentes (Corte Penal Internacional y Corte Interamericana de Derechos Humanos) para la persecución y sanción por daños ambientales, incluyéndose para ello también las personas jurídicas como principales actores de dichos detrimentos, son dos reglas necesarias para trasformar el concepto laxo de la problemática ambiental que se posee actualmente, para empezar a dar paso a una estructura organizativa nacional e internacional enfocadas en la preservación y sostenimiento de las condiciones de vida que permitan la dignificación del hombre por el hombre.
Autor: Jairo Enrique Lucero Pantoja, Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño (Col). Magister de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo (Arg.) y Especialista de legislación ambiental de la Universidad de Buenos Aires (Arg.). Miembro de la Red de Derechos Humanos del sur-occidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes, miembro fundador del Observatorio de Economía Extractiva de la Universidad de Nariño, editor de las revistas Murmullos del Sur (Arg.) y Cuando Nace la Esperanza (Col.), actual Investigador FONDECYT de la Universidad de Talca (Chile). Correo electrónico: jlucero-13@hotmail.com 
NOTAS [1] Jairo Enrique Lucero, Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño (Col). Magister de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo (Arg.) y Especialista de legislación ambiental de la Universidad de Buenos Aires (Arg.). Miembro de la Red de Derechos Humanos del sur-occidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes y del Observatorio de Economía Extractiva de la Universidad de Nariño. Correo electrónico: jlucero-13@hotmail.com [2] Sodaro, Michael. Política y ciencia Politica. Mcgraw-Hill / Interamericana de España, S.A. 2010. [3] En el año 2007 Nicholson y Snyder mencionaron un cuarto axioma de racionalidad de las preferencias denominado de "continuidad", creado para dar respuesta al supuesto técnico de las respuestas de los individuos ante cambios relativamente pequeños en el bien o servicio preferido. Así las cosas, si A es preferible a B, en situaciones en los que A tiene pequeñas modificaciones y sigue conservando su naturaleza o esencia de preferencia, seguirá siendo preferible ante B. (Teoría Microeconómica: Principios básicos y ampliaciones, 11ava Edición – Thomson Learning, C. de México, 2014) [4] En el año de 1965 el ministro de Finanzas del Reino Unido, Ian McLeod, expresó en una conferencia de prensa “Ahora tenemos lo peor de ambos mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de "estanflación". Y, en términos modernos, se está haciendo historia”, lo cual marcaria esta época como una de las de mayor crisis económica del modelo de mercado que ha existido, experimentándose un rompimiento diferencial al vivido en 1929, obligando a olvidar las tesis keynesianas como forma de solución, pues estas precisamente fueron consideradas parte del problema que generó la crisis. [5] Este informe fue publicado por Rachel Carson, considerado en 2006 como uno de los 25 libros de divulgación científica más influyentes de todos los tiempos por los editores de Discover Magazine. [6] En el año de 1998 se publicó la investigación World Risk Society del sociólogo alemán Ulrich Beck, fundador de la tesis de la sociedad del riesgo, producto de diversos acontecimientos que generaron gran conmoción a nivel mundial por su nivel de impacto y daño tanto social como ambiental, tales como la enfermedad de Minimata en Japón, en el año de 1959, Torrey Canyon en Inglaterra en 1967, Chernovil en 1986 y finalmente el Derrame de “Exxon Valdez” en 1989, entre muchos otros, que permitieron visualizar la trasformación de la estructura social del hombre forjada en el estudio de riesgos a la vida, los daño, la responsabilidad, etc., más que a valores democráticos o de justicia. [7] Se debe tener en cuenta que aun en los modelos de Estado de gran intervención económica, como lo fueron los países del extinto bloque socialista de la URSS, fueron también escasas las políticas de protección ambiental que fuesen coherentes con la integración de la garantía de cumplimiento de derechos individuales y colectivos junto a la preservación de la biodiversidad, ejemplo de ello fue el plan nuclear del país soviético y sus innumerables practicas balísticas, o la destrucción del Mar de Aral en Kazajistán y Uzbekistán para la industria del algodón. [8] Perry Anderson. Los orígenes de la posmodernidad. Anagrama, Madrid, 2000. [9] Hal R. Varian. Análisis Microeconómico. Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1992. [[10] Juliana Salome Díaz Pantoja. Derecho de propiedad privada y su armonización con el principio de equidad intergeneracional. Universidad de Talca (Ch), 2016. [11] En la actualidad áreas como la neurociencia a través del estudio neuroanatómico y neurofisiológico profundizan las formas con las cuales el ser humano decide mediante preferencias no prestablecidas ni esquematizadas en modelos matemáticos ni económicos. (María Laura de la Barrera y Danilo Donol, Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje. UNAM, 2009). [12] Kahneman y Tversky. Prospect theory: Decision Making Under Risk. 1979. [13] La teoría de la economía de la conducta es conexa con la estructura de la teoría de juegos del matemático Jhon Nash, siendo el estudio de las decisiones de cada individuo y la búsqueda de la eficiencia de Pareto uno de los objetivos de cada una de estas disciplinas que tratan de abordar más allá que las decisiones individuales, el resultado las adecuado y útil para un conjunto de individuos. [[14] Desde la teoría de la elección racional, se podría decir que la respuesta ante esta máxima desde el mismo modelo económico se encontraría en el principio de Convexidad de las Preferencias, por cuanto en esta se establece la creación de una curva de demanda en la medida en que cambian las preferencias, lo cual justificaría la inclusión de cambios de razonabilidad dependiendo de la demanda ejercida en el mercado. No obstante, esta respuesta adolecería de consistencia siempre que la racionalidad en base a las máximas de la teoría de las preferencias reveladas debería ser unísona y no transformable de acuerdo a las preferencias de mayor valor por la carga de recompensa inmediata que estas tendrían. [15] Uno de los casos más ejemplarizantes de esta máxima se da cuando una persona encuentra un valor monetario X en la calle; posterior a ello, ese valor X es perdido. Al ser encontrado por azar dicho valor y no obtenido con trabajo, su desvalor frente a su capital original debería ser cero, pues no ha perdido nada, mas sin embargo ese pensamiento racional es ajeno al sentir cotidiano, ya que la persona sentirá que perdió un capital aun cuando sea consciente de que este no le pertenecía. [16] Con parte de la creación del efecto anclaje, el Efecto Marcur tiene como propósito analizar el sesgo generado para la trasformación de una idea política a otra en la sociedad, y finalmente analizar de una manera más general el costo para lograr retomar la confianza institucional. [17] Se debe tener en cuenta para el análisis que en teoría el principio intergeneracional en base al descuento hiperbólico sería considerado de inferior valor que el concerniente al principio intrageneracional, siendo este concerniente a la equidad de la sociedad actual, enfatizando su lucha contra la desigualdad actual. No obstante, al observar las diferentes etapas de lucha mundial contra la pobreza (clara muestra de la aplicación del principio intrageneracional), como lo fueron los Objetivos del Milenio (2000) y aun persistentes en los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), y el cumplimiento de los mismos frente al incremento de la desigualdad en el mundo, nos denotan un preocupante escenario en el que las necesidades inmediatas no tienen un valor real para el cambio de estructuras políticas, y por ende, mucha menos fuerza tendrían las necesidades futuras. [18] Towsend, Pe-ter. The International Analysis on Poverty. Londres, 1993. Y Durand, Francisco. El fenómeno Fujimori y la crisis de los partidos. Revista Mexicana de Sociología, 1996. [19] Si bien es cierto la temática ambiental escasamente se encuentra en las agendas de gobierno como objetivos prioritarios, no se puede dejar de resaltar que la discusión frente al ambiente no tiene contraposición en los índices electorales, lo cual nos conlleva a concluir que su falta de integración en políticas públicas se debe más que a una exigencia de la ciudadanía, a un producto de la falta de voluntad política de los entes gubernamentales de turno. (Daniel Ryan. "Política y ambiente en la Argentina: ¿Un caso de baja politización?". Revista Estado y Políticas Públicas Nº 3. Año 2014.) [[20] Debe tenerse en cuenta que para que dicho fin sea realmente cumplido, necesariamente se requiere la trasformación de la economía productiva a una con enfoque ambiental, lo cual conllevaría a una modificación consistente de toda la organización social. En tal sentido, el resultado final de esta idea proteccionista generará a la postre una gran pugna de intereses, pero que en principio la esencia proambiental no genera mayores resistencias en la opinión social generalizada. [21] Dentro de la crítica realizada por Friedrich August von Hayek sobre la creación del derecho evolutiva, desestimando así las teorías iusnaturalistas y iuspositivistas, se puede arribar a la conclusión que existe una trasformación de alternativas adecuadas que se van presentando a lo largo del desarrollo social de una determinada comunidad. En tal sentido, estas variaciones deben ser índices de las políticas públicas que se deben implementar, por lo cual la necesidad de establecer una guía ambiental como esencia de cada acción estatal debe igualmente variar sus métodos de convencimiento, sea estos guiados por beneficios salariales y/o fiscales, retribuciones culturales, obtención de mérito público, etc., que vayan acorde a los cambios contextuales de la comunidad. [22] Kenneth Joseph Arrow. Social choice and individual values. 1951. [23] La primera regla de Arrow expresa: Cuando todos los individuos prefieren A sobre B, el grupo finalmente prefiere A sobre B. [24] La segunda regla de Arrow expresa: Cuando el grupo prefiere A sobre B, y un individuo de B cambia su voto a cualquier otro candidato A, C, D, (…), el grupo finalmente prefiere A sobre B. [25] La tercera regla de Arrow expresa: Cuando se presenta algún cambio de preferencias que no involucran ni A ni B, el grupo finalmente prefiere A sobre B. [26] Johan Rockström, Will Steffen, Kevin Noone. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 2009.
|
||||||
