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Sumario:
I. Política y energía renovable en USA: de Obama a la era Trump Texas, el estado petrolero es el líder en energía eólica con 7.118 MW[3] instalados y un potencial de 136. 000 MW. Son llamativos en este conjunto los geíseres de California que constituyen la mayor geotérmica del mundo. El Complejo Geotérmico The Geysers situado a unos 116 kilómetros al norte de San Francisco se compone de 21 plantas de energía que la convierten en la instalación geotérmica más grande. El complejo cuenta con una capacidad instalada de 1.808 MW y una capacidad de producción activa superior a los 1.000 MW trabajando sólo al 63% de su capacidad de producción[4] . El Grupo de plantas SEGS en desierto de Mojave, es el complejo Ivanpah, la mayor planta solar térmica del mundo, que ocupa un área de 13 kilómetros cuadrados, a solo 60 kilómetros al sur de Las Vegas, con 392 MW. A plena capacidad, sus tres torres de 139 metros de altura y sus más de 300.000 espejos controlados por ordenador, pueden producir 392 MW, un suministro limpio equivalente a reducir 400.000 toneladas de dióxido de carbono al año o, lo que es lo mismo, similar a quitar 72.000 vehículos de la circulación[5]. La propiedad de Ivanpah se la reparten las compañías NRG Energy, BrightSource Energy y Google, y es tan grande que por sí sola proporciona el 30% de toda la energía solar generada en Estados Unidos.[6], En su Discurso al Congreso el 24 de febrero de 2009, el Presidente Obama hizo un llamamiento para duplicar las energías renovables en los próximos tres años. En teoría esto es así, porque recordemos que, sin embargo, Obama, cantó FRACKING USA (las normas que lo han frenado son estatales no federales). El mayor crecimiento en la producción de petróleo en la historia de Estados Unidos ha ocurrido durante la gestión del Presidente Barack Obama. La producción de petróleo ha aumentado cada año de su Administración. De hecho, se ha incrementado en un 72% desde que tomó el poder en 2008, produciendo unos 3.6 millones de barriles adicionales cada día durante este período[7]. O como muestra GERRARD, no ha habido industria más subsidiada que la del petróleo y esto incumbe también a las administraciones demócratas históricas incluida la de OBAMA: Conforme a un estudio realizado por el Instituto de Derecho Ambiental, para el período 2002-2008, los subsidios a los combustibles fósiles sumaron aproximadamente $ 72 mil millones; los de renovables totalizaron $ 29 mil millones, pero casi la mitad de eso fue para el etanol a base de maíz. La mayoría de los más grandes subsidios para combustibles fósiles, afirma Michael B. GERRARD “están escritos en el código tributario como provisiones permanentes; muchos los subsidios a las energías renovables se implementan a través de promulgaciones temporales y solo duran unos pocos años (a veces solo un año), reduciendo en gran medida”.[8] Como es sabido, lo cierto es que la elección de Trump ha dado un vuelco a las políticas pro renovables de Obama[9]. El 28 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva de Independencia Energética, que exige una revisión del Plan de Energía Limpia[10]. El Plan de energía limpia (CPP) diseñado por Barack Obama, que suponía una inversión de 8.500 millones de dólares al año hasta 2030 para reducir en un tercio las emisiones de gases en la primera economía del mundo. El Presidente firmó el 23 enero dos órdenes ejecutivas para resucitar los proyectos de construcción de dos polémicos oleoductos –el Keystone XL y Dakota. En esta marcha atrás destaca la Executive Order Presidencial para la Promoción de la Independencia Energética y Crecimiento Económico de 28 de marzo de 2017[11] . La Sección 1. Política. (a) declara de forma diáfana que “ Es de interés nacional promover el desarrollo limpio y seguro de nuestra Nación vastos recursos de energía, y al mismo tiempo evitar cargas regulatorias que innecesariamente graven la producción de energía, limiten la economía crecimiento, y frenan la creación de empleo. (b) Además, es de interés nacional garantizar que la electricidad de la Nación es asequible, confiable, segura, limpia, y que puede ser producida a partir de carbón, gas natural, material nuclear, hidráulica, y otras fuentes domésticas, incluidas las fuentes renovables. Los objetivo, la lista y el orden de prioridades es cristalina. El golpe mortal es la propuesta la revisión del Clean Power Plan[12] el 4 de abril de 2017[13][14]. Éste es el Plan que establecía los límites de emisiones para los planes estatales de reducción de emisiones de dióxido de carbono de las plantas generadoras que usan combustibles fósiles[15] . El plan desplegado por la Administración Obama pretendía reducir las emisiones un 32% para 2030 en comparación con 2005. El Plan de Energía Limpia tuvo como objetivo establecer planes individuales para 47 estados y objetivos para ellos para reducir sus emisiones de dióxido de carbono para 2030. Aunque se ha dicho que el impacto de CPP sobre renovables es pequeño. El análisis en la EIA de las perspectivas energéticas anuales de 2016, el impacto del CPP en energías renovables es realmente relativamente pequeño. Para 2030, la cantidad de electricidad generada por el viento y la energía solar son 683 mil millones de kWh; sin él son 571. Estos son tasas de crecimiento anual de aproximadamente 7.5% y 6%, respectivamente. El gran impacto está en el carbón, que disminuye en un 28% bajo el CPP, pero crece en un 5% sin él[16] . La Política energética de Trump se condensa en el ““An America First Energy Plan”[17] - El nombre lo conecta con la tradición aislacionista frentes a los conflictos mundiales[18] — pero también con la historia ficción de La conjura contra América (The Plot Against America) de Philip ROTH. El America First Energy Plan enfáticamente declara: “La Administración Trump adoptará la revolución del petróleo y el gas de esquisto para llevar empleos y prosperidad a millones de estadounidenses. Debemos aprovechar la estimación de $ 50 billones en reservas de lutita, petróleo y gas natural sin explotar, especialmente aquellos en tierras federales que posee el pueblo estadounidense ... La Administración Trump también está comprometida con la tecnología limpia del carbón y con la reactivación de la industria del carbón de los Estados Unidos, que ha estado sufriendo por mucho tiempo”. Bueno, nunca se sabe, porque Estados Unidos es más que su gobierno federal. Pero hay voces que muestran escepticismo por la propia oposición de la industria eléctrica, el galopante abaratamiento de los paneles fotovoltaicos (un 25% en 2016 con crecimiento del 97 %) y las posibles impugnaciones en los tribunales (LAI[19]).Nueva York se mantiene con su reducción de carbono, con la esperanza de superar su reducción inicial, y está invirtiendo miles de millones de dólares en fuentes de energía renovables, incluidas las redes de energía inteligentes y el mayor proyecto eólico marino offf shore de 90 Megavatios[20]. Hablar de fomento de las energías renovables en Estados Unidos es hablar de mecanismos federales (como los Production Tax Credit (PTC) and the Investment Tax Credit (ITC ) y estatales (como el Net Metering) y con otros instrumentos tales como tarifas de inyección o feed-in tariffs[21]; la planificación integrada de recursos o integrated resource planning; incentivos contributivos; préstamos[22]; fondos para promover las energías renovables o renewable energy funds; incentivos para la compra voluntaria de energía verde, y la compra gubernamental de energías renovables. En este sector en verdadera ebullición siempre es más fácil hablar de lo federal (un solo legislador) que de lo estatal (cincuenta legisladores). Pero como vamos ver de inmediato, lo interesante se está produciendo en el nivel estatal donde la fuerza de la imaginación se abre paso en los parlamentos de los cincuenta Estados de la Unión.
II. Fomento de las energías renovables en el nivel federal.[23] En el nivel federal nos encontramos fundamentalmente con mecanismos de fomento económico: Production Tax Credit (PTC), Investment Tax Credit y Depreciación acelerada de bonos. A)Production Tax Credit (PTC) e Investment Tax Credit (ITC). El primer Investiment Tax Credit para energía eólica fue introducido en el nivel federal por la National Energy act de 1978 (como reacción a crisis petrolera de principios de los setenta) y el Production Tax Credit por la Energy Policy Act de 1992[24]. Los Production Tax Credit (PTC) and the Investment Tax Credit (ITC), actuales fueron recogidos por la Energy Policy Act of 2005[25] El crédito fiscal será por valor del 30 % de coste total del sistema de generación, caso de ser impuesto a nivel federal. Es mecanismo finalizaba 2016. En 2017 se ha prorrogado por 5 años (con 30%, 2017, 2018, y 2019, 26% 2020, 22% el 2021 y en el último 10% para el 2022). Se trata de un mecanismo que combinando ITC federal y estatal ha logrado en un periodo de 4 años la implantación de 1.200 MW eólicos en California[26] , con crecimiento del 76 % anual y del 1600% en todo EEUU[27]. El mecanismo también existe a nivel estatal[28]. B) Depreciación acelerada de bonos. El Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) se puede utilizar de forma conjunta con la ITC pero reduciéndose entonces las bases de depreciación la mitad del valor ITC[29]. Se trata de incentivos a la inversión en instalaciones y que persiguen acelerar la depreciación de activos. Este mecanismo permite deducir el coste de un sistema de generación fotovoltaico de forma más rápida. Esta técnica tiene su origen en un instrumento no pensado directamente para las inversiones en renovables diseñado en la Economic Recovery Tax Act in 1981[30]. C) Clean Air Act's Renewable Fuel Standard (RFS) program. El programa del Estándar de Combustibles Renovables (RFS), que ordena la comercialización de biocombustibles hasta 2022, es la legislación más importante de los Estados Unidos con respecto a la energía renovable. Fue aprobado por primera vez en 2005 y revisado y ampliado en 2007 con el fin de crear un mercado viable para biocombustibles basado en los objetivos de política de mejorar la seguridad energética nacional de los EE. UU., reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte (GEI),y estimular el desarrollo económico rural. El RFS requiere niveles mínimos de consumo para diferentes tipos de biocombustibles y requiere un aumento en la mezcla de cantidades de biocombustibles en gasolina y diesel por productores e importadores cada año[31].
III. La política estatal de fomento de energía renovables. En el nivel estatal destacan los mecanismos de Portfolio Estándar, Net metering y Programas de préstamo y alquiler de sistemas de generación distribuida. Pero la riqueza y variedad de estos mecanismos es impresionante con el liderazgo de California, Texas, Nevada, Oregón y Nueva York. A)Portfolio Standar. Porfolio standar puede ser traducido como estándares estatales de cartera renovable. Esto es, se trata de la determinación de los porcentajes “obligatorios” de generación, utilización o compra de energías renovables (obligación de utilizar energía renovable (kilovatios- hora) o de contratar la capacidad de generación (kilovatios).) con los precedentes de Iowa en 1983 y California en 1995[32]. Estos varían de Estado a Estado en la determinación de porcentaje y en la forma de implementación y consecuencias de incumplimiento[33]. Los estándares estatales de cartera renovable pueden ser pequeños o muy exigentes[34]. Así, por ejemplo, un estándar del 10% para 2015 en Michigan[35] y Wisconsin[36], California 33% 2030[37], del 50% para 2030; en Nueva York y del 100% para 2045 en Hawaii. El porcentaje de Maine, un 40% para el 2017 puede parecer una locura, pero téngase en cuenta que es un Estado pequeño y que aproximadamente 50% de la electricidad de Maine ya proviene de la energía hidroeléctrica. También se han creado mercados de energía verde (Green Power) siendo líderes en estas iniciativas California, Texas, y Pensilvania y renewable energy certificates (RECs) conocidos también como “green tags” or tradable renewable certificates (TRCs[38]). En Texas, el requisito de renewable portfolio standard RPSobligation es en forma de créditos de energía renovable comercializables, que garantizan la flexibilidad y la implementación del requisito a un costo menor. Hasta ahora, Texas es el único Estado que basa claramente la RPSobligation en el comercio de créditos desde el principio y existe una penalización efectiva y automática[39]. Texas tiene un estándar de cartera renovable (RPS) que cuenta con un sistema de crédito de energía renovable (REC -renewable energy credits-)[40]. Como parte del RPS, las utilities (empresas que prestan servicio público) deben generar o comprar una cierta cantidad de energía de fuentes renovables, y sino pueden alcanzar los objetivos establecidos por la Comisión de Servicios Públicos, la empresa debe comprar los créditos generados por las empresas que producen energía renovable. Los CER son unos certificados que confirman que una unidad de electricidad fue generada mediante un productor de energía renovable. Un CER representa electricidad que fue generada mediante energía renovable, permitiendo a los proveedores cumplir con la Cartera mediante la compra de estos certificados y no mediante la compra de energía renovable directamente[41]. Un CER resulta de un megavatio-hora de energía eléctrica generada a partir de un recurso de energía elegible. Los CER son productos comerciables que pueden alcanzar un valor significativo en mercados secundarios tales como el Chicago Climate Exchange[42]. Aunque el sistema está diseñado para crear una "moneda" adicional para la energía renovable, las instalaciones de energía eólica están generando muchos REC más de lo que actualmente necesitan las utiities[43]. Como resultado, a menos que la legislatura estatal amplíe el programa de RPS, los créditos adicionales generados por energías renovables no eólicas se devalúan en la medida en que no puedan ser considerados como parte del análisis de viabilidad financiera para los proyectos solares de Texas[44]. Vermont en 2015 con la Renewable Energy Standard Act No. 56[45] de 06/11/2015 ( Klein) ha seguido a Texas. Con esta norma crea el Programa de Desarrollo de la Energía Renovable y el Programa de Transformación de la Energía para las empresas de electricidad, convierte los objetivos actuales de renovables totales del estado en un requisito de poseer energía renovable o créditos de energía renovable de plantas de energía renovable, de cantidades especificadas de RECs (en español CER) de generación renovable distribuida de menor escala, establece un requisito de transformación de energía para reducir el consumo de combustibles fósiles. A veces se combina el portfolio estándar con otras medidas incluidas las feed in tarifs. Así lo hace la Clean Energy and Pollution Reduction Act of 2015 de California[46] (Act No. 547 de 10/07/2015 de De Leon que requiere un aumento en la cantidad de electricidad generada y vendida a clientes minoristas por año de recursos elegibles de energía renovable y también requiere objetivos de ahorro de eficiencia energética y reducción de la demanda para las corporaciones eléctricas y de gas. Y fija como objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 del 40%[47] de los niveles de 1990 y para 2050 del 80%. Ya ha habido propuesta de creación de una Cartera de Energía Renovable a nivel federal que, a nuestro juicio, es el lugar que procede[48] a fin de no crear desequilibrios en un mercado único. Obviamente no es de esperar que esto suceda bajo la Presidencia de Trump. En definitiva, como acertadamente afirma el Maestro AVILÉS PAGÁN “Lo que determina si una Cartera de Energía Renovable es efectiva o no son las opciones de diseño que se incorporan en ésta”[49].
B) Net metering. En el nivel estatal destacan los mecanismos de net metering (que podría traducirse por medición neta o balance neto). Existe normativa de fomento de este mecanismo hasta en 41 estados (aunque con muchas variantes)[50]; entendido como un acuerdo de facturación por medio del cual la utility concede al consumidor un crédito (“derechos de consumo diferido”) que equivale al montante de kW de generación eléctrica que éste haya generado de forma excedentaria y, por ende, que haya volcado a la red. De esta manera que el consumidor verá reducida su factura eléctrica a final de mes. La importancia del sistema la reflejan los datos. De 20 GW fotovoltaicos en EE.UU., 12 GW corresponden a plantas utility-scale (véase grandes instalaciones fotovoltaicas, de más de 10 MW, en California) y aproximadamente los 8-9 GW restantes provienen de generación distribuida (pequeñas plantas[51]). El mecanismo del Net Metering Agregado (Aggregated Net Metering) - permite el Net Metering a un propietario que disponga de varios puntos de consumo en la misma propiedad o en propiedades adyacentes - está habilitado por la normativa de Colorado, California, Nevada, New Yersey, New York, Maine, Arkansas, Minnesota, Washington, Delaware, Connecticut, al amparo de la Public Utility Regulatory Act de 1978 y con gran impulso gracias en la Energy Policy Act de 2005[52]. También existe el community net metering que permite que varios usuarios compartan un único sistema de Net Metering, al margen de dónde se encuentren ubicados[53], por ejemplo en New York[54].Y por ultimo, el Virtual Net Metering, para complementar las política solar comunitaria de algunas zonas, aunque éste solo está autorizado en unos pocos estados (Connecticut, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire y California); se trata de una variante del Net Metering que permite que un grupo de consumidores compre y comparta un sistema de generación, sin necesidad de que éste esté conectado a sus aparatos de consumo o contadores, y logren sendos beneficios derivados de la producción eléctrica[55]. Destaca el Multifamily Affordable Solar Housing (MASH) ligado a hogares de bajos ingresos[56]. Un ejemplo de ello es Nuevo Méjico, que permite hacer balance neto hasta un máximo de 80 MW. Otro ejemplo destacado es el estado de Colorado, donde, incluso, existe la figura del Jardín solar comunitario (en inglés, Community Solar Gardens), la cual permitirá a varios titulares adscribir su balance neto a la producción de una misma planta solar, aunque no se encuentre próxima a sus respectivos puntos de consumo de electricidad. En California, el Net Metering es aplicable a la tecnología solar, eólica, biogás e hidrógeno para instalaciones de producción de menos de 1 MW con la excepción del biogás, que permite hasta 10 MW), fotovoltaica más del 80 % de la potencia acogida a esta modalidad de balance neto y, a su vez, un tercio de toda la potencia fotovoltaica de California, Nueva Jersey y Ohio han autorizado net metering sin límite de capacidad. Vermont, Carolina del Sur, Virginia y Wisconsin ha autorizado el net metering para sistemas de hasta 20 kW de capacidad mientras Massachusetts permite sistemas de hasta 10 MW. Nuevo México autoriza la net metering para sistemas de hasta 80 MW. Casi la mitad de los estados con las políticas de net metering autorizan la para sistemas de hasta uno o dos MW en capacidad[57]. El contraste con la regulación española es radical pues ésta penaliza con el impuesto al sol. El Real Decreto 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Por la energía compensada, el autoconsumidor tendría que pagar el coste del peaje de acceso a la red de distribución cuando la utiliza como servicio de almacenamiento (verter el excedente) y, de otro lado, cuando la utiliza como servicio de aprovisionamiento de energía (cuando reclama energía del sistema porque no produce nada o es insuficiente), sin olvidar el coste del servicio del balance neto, esto es, la gestión de esos excedentes a cargo del comercializador (LEIVA LOPEZ[58].). Curiosamente ésta regulación incorpora la filosofía de reclamaciones históricas contra el net metering de las utilities en diferentes Estados que en alguna ocasión han prosperado (Arizona utilities commission, y la Arizona Corporation Commission (“ACC”), han autorizado “pejajes” y Wiscousin- aumentó la parte fija de todas las facturas[59].) o Nevada suspendiendo el net metering en 2015[60]. En la normativa española en el caso de los consumidores residenciales, se cobraría –al parecer no se ha desarrollado ni cobrado- aproximadamente unos 9 euros más IVA al año por kW de potencia de cada panel que tengan en casa. El inconveniente para este tipo de consumidores, subraya SÁNCHEZ-HERRERO, no es tanto el peaje, sino que no tienen ningún tipo de retorno por la energía que ellos producen y vuelcan en la red. "Regalas a lo mejor el 70% de toda la energía que produce tu instalación a la compañía eléctrica, que por cierto, se la va a vender a tu vecino a 12 céntimos el kilovatio-hora (kWh)". En las instalaciones más grandes, las industriales, los consumidores pagarán dos peajes. Esos 9 euros más IVA por cada kW de potencia de los paneles más uno variable asociado al coste de la energía[61]. Estarán exentos del peaje los autoconsumidores de las islas Canarias y Baleares. Las críticas a dicha penalización son unánimes (RUIZ OLMO[62]; MENDOZA LOSANA[63]). Ya existen movimientos en Europa en contra de del “impuesto al sol”[64]. En EE.UU., la conexión directa no impide que el propietario de una instalación de producción vierta también su energía sobrante a la red y, por tanto, se acoja a la figura del Net Metering[65]. La diferencias son pues diáfanas: Peaje/complejidad burocrática y que el legislador establece un límite de potencia (límite de potencia de 100 kW) quedarían excluidas grandes instalaciones. C) Programas de préstamo y alquiler de sistemas de generación distribuida. Los primeros son conocidos en EE.UU. como Loan Programs y pueden localizarse a nivel estatal, local o, incluso, de utilities[66]. Son concesiones de préstamos con un tipo de interés bajo a fin de proporcionar la financiación en la compra de equipos de energía renovable. No se trata de incentivos en efectivo directos, sino que ayudan a su adquisición extendiendo el coste de los aparatos durante un período de tiempo determinado (normalmente no excede de 10 años). D) Otros mecanismos de fomento y algunas experiencias destacables. Es imposible dar cuenta de todo lo existente dada la variedad de medidas impulsadas en ámbitos como green job, green growth zones, regulación de contratos a largo plazo entre distribuidores y promotores de nuevos desarrollos de proyectos de energías renovables. La riqueza es impresionante tanto de las medidas aprobadas como las no aprobadas (Vetoed by Governor or failed). Destacamos a continuación la experiencias que nos parecen iniciativas líderes o ejemplos a imitar. 1.Regulación impacto ambiental de las energías renovables y medidas de fomento jurídico. Vemos también necesario regular impacto ambiental y fomento jurídico en excepciones a la legislación ambiental. Así lo hacen, CA S 489 2016 Hazardous Waste: Photovoltaic Modules - Act No. 419 10/01/2015 que Autoriza al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas a adoptar reglamentos para designar los módulos fotovoltaicos al final de su vida útil que se identifican como desechos peligrosos como un desecho universal y los somete a la gestión universal de desechos autorizando al Departamento a revisar las regulaciones según sea necesario. Es obvio que la política de fomento de renovables generará en el medio plazo un volumen importante de “chatarra” fotovoltaica, termosolar y eólica. El Derecho debe anticiparse a este problema pues los primeros equipos instalados se acercan al final de su vida útil. Pero en los próximos 25 años la avalancha puede ser descomunal. La reducción, reciclaje, reutilización mediante la creación de plantas y sistemas de recogida selectiva debe proyectarse sobre las renovables. Pero al propio tiempo debe considerarse la posibilidad de establecimiento de mecanismos de fomento jurídico mediante la excepción de determinados controles como hace la CA A 2561 2016 Water Supply Planning- Act No. 669 de 09/26/2016 que ciertas instalaciones de generación de energía fotovoltaica o eólica de la definición de proyecto bajo la Ley. La legislación ambiental no puede convertirse en un freno irracional para las renovables. La proporcionalidad y el interés jurídico prevalente a la evitación del cambio climático han de ser las ideas rectoras. En esta línea de fomento jurídico de las renovables se encuentra la declaración del derecho declarar al acceso solar (Vermont Nevada Nev. Rev. Stat. §111.239(1) (2009), la New Mexico Solar rights Act y la Wyoming solar right Act[67]. Mediante dicho derecho se eliminan las restricciones de preexistentes y futuras en las Escrituras de Propiedad. Además, según la ley de Texas deben disolverse Convenios locales preexistentes, restricciones o condiciones asociadas a escrituras de propiedad que restrinjan el uso de energía solar (Condominiums and Homeowners Associations- Act No. 230 de 05/12/2016 - Enacted Author: Lovas (R)[68]. Según la ley de Hawái, los convenios, los estatutos y las restricciones escritas de una asociación de propietarios de viviendas unifamiliares, propiedad horizontal, o complejos no pueden prohibir la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y calentadores de agua solares. La Sección 196-7, Hawaii Revised Statutes, "Colocación de dispositivos de energía solar" ("sección 196-7"), estipula que "no se impedirá a ninguna persona "por cualquier pacto, declaración, reglamento interno, restricción, escritura, arrendamiento, término, disposición, condición, codicilo, contrato o similar acuerdo vinculante, de cualquier forma redactado, e la instalación de un dispositivo de energía solar en cualquier vivienda residencial unifamiliar o casa que la persona posee[69] ". Pero esta idea es extendible a otras renovables. En este sentido, Nueva Jersey promulgó una legislación diseñada para evitar que los municipios adopten regulaciones que establezcan límites irrazonables en los sistemas pequeños de energía eólica o dificultan su rendimiento[70]. 2. California Solar Initiative (CSI): la unión de Estado social y energías renovables. Bajo el atractivo lema “GO SOLAR CALIFORNIA[71] en realidad se agrupan múltiples iniciativas con el objetivo de la promoción de la energía solar. En primer término, incluye un programa de investigación y desarrollo (I + D + i), que otorga subvenciones a tecnologías solares que pueden promover los objetivos generales del Programa CSI; el programa de I + D + i tiene un presupuesto de $ 50 millones. En segundo término, incluye el programa de Vivienda Solar Asequible para el Sol Familiar (SASH, por sus siglas en inglés), que brinda incentivos solares a viviendas unifamiliares de bajos ingresos; el programa SASH se administra a través del Administrador de Programas SASH, GRID Alternatives, y tiene un presupuesto de $ 108 millones. Incluye el programa de vivienda solar asequible multifamiliar (MASH) ya aludido, que ofrece incentivos solares para viviendas multifamiliares de bajos ingresos. Y el Programa Nuevo Hogar Solar (NSHP) que brinda incentivos a los constructores para la construcción residencial nueva. El programa CSI-Thermal, que brinda incentivos para el calentamiento solar de agua y otras tecnologías termosolares para clientes residenciales y comerciales de (Pacific Gas and Electric Company (PG&E), San Diego. Gas & Electric Company (SDG&E), Southern California Gas Company (SoCalGas) and. Southern California Edison Company (SCE). Destacamos en este sentido, la Solar Water Heating and Efficiency Act of 2007(2011-2012)[72], aprobada con el objetivo de diseñar e implementar un programa de incentivos para la instalación de 200,000 sistemas solares de calentamiento de agua, como se define, en hogares y negocios en todo el estado para 2017. Esta idea de Estado social hipocarbónico nos parece esencial y tiene otros reflejos como el The Low-Income Multifamily Energy (LIME) Loan supports de Coneecticut[73]. 3. Creación de fondos de energías limpias o el movimiento de los “Green Banks”. Son ejemplo de este tipo de iniciativas el Nevada Clean Energy Fund, Act[74] No. 388 de 06/05/2017 o el Solar Incentivization Fund Act No. 63 de 03/16/2016[75] -. Son fondos con misiones amplias conferidas (por ejemplo, al Nevada Clean Energy Fund se le encomienda: 1. Promover inversiones en proyectos calificados de energía limpia; 2. Aumentar significativamente el ritmo y la cantidad de inversiones en proyectos calificados de energía limpia a nivel estatal y local; 3. Mejorar el nivel de vida de los residentes de este Estado promoviendo el desarrollo más eficiente y de menor costo de proyectos calificados de energía limpia y proporcionando financiamiento para proyectos calificados de energía limpia que crearán empleos bien remunerados a largo plazo; 4. Fomentar el desarrollo y la aplicación coherente de estándares transparentes de suscripción, términos contractuales estándar y protocolos de medición y verificación para proyectos calificados de energía limpia; 5. Promover la creación de datos de desempeño que permitan la suscripción efectiva, la gestión de riesgos y la modelización pro forma del desempeño financiero de proyectos calificados de energía limpia para apoyar los mercados de financiamiento primario y estimular el desarrollo de mercados secundarios de inversión para proyectos calificados de energía limpia; y 6. Lograr un nivel de apoyo financiero para proyectos calificados de energía limpia necesarios para ayudar a mitigar el cambio climático aumentando las capacidades de generación y transporte de electricidad cero o bajo en carbono, aprovechar el potencial de eficiencia energética en la infraestructura existente, aliviar los efectos económicos de la transición de un carbono basada en la economía de energía limpia, lograr la creación de empleos a través de la construcción y operación de proyectos calificados de energía limpia y complementar y complementar otros programas e iniciativas de energía limpia y eficiencia energética en este estado[76]. El Fondo puede: (a) Demandar y ser demandado. (b) Tener un sello. (c) Adquirir propiedad real o personal o cualquier interés en la misma, por donación, compra, ejecución hipotecaria, escritura en lugar de ejecución hipotecaria, arrendamiento, opción u otra. (d) Preparar y celebrar acuerdos con el Gobierno Federal para la aceptación de concesiones de dinero para los propósitos de este capítulo. (e) Celebrar acuerdos o cooperar con terceros para proporcionar un mayor apalancamiento del dinero del Fondo, mecanismos de financiación adicionales o cualquier otro programa o combinación de programas con el fin de ampliar el alcance de la asistencia financiera disponible del Fondo. (f) Vincular el Fondo y la Junta a los términos de cualquier acuerdo celebrado 24 de conformidad con este capítulo. 25 (g) Solicitar y aceptar obsequios, subvenciones y donaciones de cualquier fuente con el propósito de llevar a cabo las disposiciones de este capítulo[77]. Quizás, la limitación mayor que tiene es su carácter temporal (con fecha de caducidad como los yogures) y la inexistencia de amplios recursos tributarios periódicos. Creemos necesaria la instauración de Fondos vinculados a “céntimos o impuestos renovables” que graven la electricidad no renovable, el petróleo o las gasolinas, el diesel, el carbón o el gas a imagen y semejanza de Superfund que de 1980 se financiaba con tasas sobre el petróleo[78]. Evidentemente dicho proceso debe ser respetuoso con el marco legal para evitar anulaciones como la acontecida en el céntimo sanitario[79]. Nevada se une a estados como Connecticut, Nueva York y Rhode Island para establecer Bancos Verdes a nivel estatal. A principios de este año, el Alcalde de DC anunció su intención de formar un Green Bank. A fines del año pasado, los Green Banks de EE. UU. Habían participado en más de $ 2 mil millones en transacciones de energía limpia[80]. 4. Otras iniciativas destacables a imitar: School Wind and Solar Generation Program de Michigan y Renewable Energy Renaissance Zones (RERZs)/ Rural Renewable Energy Development (RREDs). Es imposible resumir tal número de iniciativas variadas en campos que van desde los green job, green growth zones. Vemos espectaculares por el potencial de cambio en las mentalidades de los niños y jóvenes, las iniciativas que fomentan el uso de renovables en los espacios escolares (Public Act 096-072 de 25 de agosto de 2009 de Michigan- (20 ILCS 3501/825-100 añadiendo Sec. 825-100. School Wind and Solar Generation Program[81]., existiendo un programa específico para ello):[82] se trata justo de esto: de meter la sociedad hipocarbónica por los ojos a los ciudadanos desde pequeños. Como ejemplo de green zone podemos ver las Renewable Energy Renaissance Zones (RERZ) de Michigan y Rural Renewable Energy Development (RRED) de Oregon. En 2006, Michigan añadió a la MICHIGAN RENAISSANCE ZONE ACT (EXCERPT)Act 376 of 1996 la Section125.2688 Designation of additional renaissance zones for renewable energy facilities, que permite la creación de zonas de renacimiento de energías renovables (RERZ)[83]. Las zonas ofrecen importantes beneficios tributarios a las instalaciones ubicadas dentro de sus límites. Las instalaciones dentro de una zona no pagan el impuesto comercial de Michigan, el impuesto estatal a la educación, los impuestos a la propiedad personal e inmobiliaria ni a los impuestos locales sobre la renta (cuando corresponda). Estos impuestos pueden disminuirse por hasta 15 años, y las reducciones se eliminarán en incrementos del 25% durante los últimos tres años de la designación de la zona. Para los residentes de las zonas designadas antes de 2012, los contribuyentes están exentos de pagar ciertos impuestos sobre la renta, si han residido en la zona renacentista durante 183 días consecutivos. En Oregón la Rural Renewable Energy Development (RRED) ofrece igualmente importantes incentivos[84] con exención de 3 a 5 años de la property tax[85].
VI. Epílogo. Hacia el Estado Social Ambiental e hipocarbónico, Democrático de Derecho. La regulación de las energías renovables constituye un sector emergente del ordenamiento jurídico que acelerará previsiblemente en los próximos años de la mano del ya no discutible y presente cambio climático y la revolución tecnológica energética. En los próximas décadas para el logro de una sociedad hipocarbónica el fomento de las energías renovables va estar en la agenda de todas las Administraciones. Hay que estar ciego para no verlo. En USA en el año 2016 se introdujeron 650 y se aprobaron un total de 220 iniciativas legislativas en los parlamentos de los cincuenta Estados. A 1 de diciembre de 2017 son 810, con 80 aprobadas. Creemos necesaria la innovación, la imaginación y creación de un nuevo marco para la promoción de las renovables. Es necesario un observatorio nacional de energías renovables a escala regional –examinando las innovaciones regionales en los estados descentralizados-, europeo e internacional –incluyéndolos diferentes espacios supranacionales- como herramienta de innovación legislativa cooperativa. Las buenas iniciativas deben conocerse, compartirse y expandirse. En estos momentos consideramos igualmente es necesario un sector público. Las historia muestra que las grandes revoluciones tecnológicas e industriales en el sector energético tienen el impulso inicial del sector público. Ello lo impone la acumulación de capital necesaria para ello (como ha ocurrido en la I + D necesaria para fisión nuclear o ahora para la fusión nuclear y la termosolar) y la supresión de costes de intermediación (es más barato hacer uno las cosas porque se elimina como mínimo el beneficio industrial del intermediario como ocurre con los medios propios en contratación administrativa). También es necesaria la creación de una industria propia ligada a la I +D como GAMESA en el sector eólico, para que el empleo verde revierta directamente en nuestras economías y no en la de los países asiáticos “fábrica del mundo”. Es paradigmático, como ejemplo a no seguir, lo ocurrido con la fotovoltaica en España en el que fue generada una verdadera burbuja fotovoltaica (se estimaban unos 400 megavatios solares y se hicieron más de 3.500) con escasa reversión local y en el que cazaprimas han puesto huertos solares con paneles fotovoltaicos y tecnología mayoritariamente importada -en algunos casos de traca funcionando de noche conectados a generadores de gasoil, no con los nuevos paneles chinos capaces de funcionar en la oscuridad-. Sin embargo, las bases para un nuevo planteamiento existen[86]. Es necesaria una regulación a escala federal, europea y mundial que evite dumping ambiental de las naciones carbónicas. El voluntarismo “renovable” está avocado al fracaso en una economía globalizada e interdependiente. España exporta a Francia y Alemania. Los costes energéticos no pueden situar a España en una desventaja competitiva con Francia que tiene un alto porcentaje de nuclear. Pero este análisis se puede repetir a escala regional e internacional. La cartera de renovables (portfolio estándar) debe ser un objetivo mundial o como mínimo regional en la escala internacional (regional europeo, asiático, latino americano, etc). En el futuro parece claro que el paradigma energético es la desconcentración de la producción[87]: de grandes centrales a minicentrales (ojalá reactores de fusión); de sistemas centralizados al fomento de la microproducción y autoconsumo. Por eso, un net metering renovable –eólico, solar, geotérmico, etc- generoso debe ser introducido sin obstáculos burocráticos ni económicos en los ordenamientos jurídicos nacionales pero sobre todo en el nivel europeo. Como ya hemos dicho, creemos necesaria la instauración de Fondos vinculados a céntimo/céntimos renovables tasas o impuestos que graven la electricidad no renovable, el petróleo, carbón, gas diesel (este con mayor intensidad por su obvio mayor poder contaminante) y las gasolinas a imagen y semejanza del Superfund de la CERCLA en su fase inicial. Esta iniciativa debe adoptarse a nivel europeo pero nada impide que un Estado miembro o una Comunidad Autónoma –el marco legislativo lo permite- ejerza de California innovadora y vanguardia del Estado Social Ambiental e hipocarbónico, Democrático de Derecho. Dichos fondos deberán dedicarse a la financiación de proyectos de I + D en renovables y a la promoción del uso masivo de renovables en las capas desfavorecidas de la sociedad en hogares con niveles de renta bajos. El mayor subsidio de los combustibles fósiles es la falta de internalización de los costes ambientales que generan (para su producción, transporte y consumo) y el fomento de las renovables pasa por dicha progresiva internalización. El derecho de acceso a las renovables no debe ser incentivado sólo desde la remoción de obstáculos normativos a la implantación sino configurándolo como un auténtico derecho público subjetivo a imagen del derecho de acceso a la vivienda o a la renta mínima de inserción fusionándose el haz de derechos sociales en un Estado Social hipocarbónico. Vemos necesario igualmente la creación de green zones a imagen de las Renewable Energy Renaissance Zones (RERZ) con dumping hipocarbónico con carácter europeo -modificando expresamente el art. 107.2 TFUE para declararlas compatibles con el mercado interior- y nacional en zonas con baja renta per cápita inferior a la media que se beneficien de un régimen fiscal ventajoso en IVA, IBI, sociedades e IRPF. En definitiva, una sociedad hipocarbónica y más justa social y ambientalmente es posible pero requiere un alto consenso no solo regional sino internacional para evitar el dumping en los costes energéticos y un más que probable crash renovable por políticas de fomento insostenibles a medio y largo plazo (como desgraciadamente aconteció en España).
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