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La República de Haití es un país olvidado. Antes del los numerosos golpes políticos, múltiples catástrofes atmosféricas y, por supuesto, el trágico terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010, poco o nada se hablaba sobre este territorio caribeño. Lo cierto es que hoy día la gran euforia de solidaridad ha cesado y Haití ha quedado nuevamente entre escombros. La mejor manera de entender esto es la inconcebible escasez de recursos, escritos o noticias que detallen algo más del país que no sean momentáneas reacciones a sus constantes eventualidades catastróficas, ya sea en el espacio social, político o natural. La constancia de lo ya afirmado yace en un intento de conocer más sobre esta república caribeña y su sistema de manejo de desastres. El acercamiento, no sólo brota de un deseo de crear más hacinamiento informático sobre cómo los organismos internacionales han mostrado su solidaridad o quiénes han brindado mayores y menores ayudas, o quizás recomendaciones de lo que debiera ser este país frente a un cataclismo. Este escrito sencillamente propone una autopsia: Haití necesita ser entrañado para conocer qué sistemas, estructuras gubernamentales o legislaciones, posee; cuáles son los problemas internos ya sean geográficos, sociales, económicos o políticos; cuál es su estructura nacional, si funciona o si no; cuál es la visión que tiene la población sobre su efectividad. Esto debe conocerse antes de colonizar al País con externas ideas mesiánicas de reconstrucción. Sorpresivamente no todo se enseña, sino que con apertura, harto podríamos aprender de esta nación olvidada. Haití posee una de las peores combinaciones geográficas en el mundo en cuanto a la vulnerabilidad a desastres naturales[1]. Este país es víctima anualmente de la ruta de huracanes, tiene problemas de contaminación y deforestación. Su localización en fallas terráqueas también le hizo blanco del catastrófico terremoto en enero del 2010, y, según las opiniones expertas, la situación de Haití, de constantes embates y recuperaciones, hizo que la ya tragedia de un sismo de magnitud siete (7) en escala Richter, se convirtiera en una de las catástrofes más lamentables que ha vivido la humanidad. No sólo es Haití uno de los países más expuestos a daños catastróficos[2], sino que sufre a causa de otros desastres creados por el hombre, tales como la contaminación, pérdidas económicas, y la extrema pobreza[3]. La topografía de Haití, además hace más difícil la ideación de un sistema de infraestructura sólido que soporte la cantidad de amenazas catastróficas que le aquejan[4]. Otro de los grandes problemas es que, aunque dicha nación está en miras de establecer un gobierno más democrático, aún sufre las irrupciones de grupos clandestinos[5]. En Haití ya se abolió el régimen dictatorial más importante (encabezado por los Duvalier) y en el año 1987 se develó el nacimiento del primer Derecho Constitucional Haitiano[6]. Además han habido esfuerzos constantes por parte de las Naciones Unidas para estabilizar al país luego de varios atentados contra el orden[7]. Aun así, los ciudadanos todavía sufren incontables violaciones a sus derechos civiles y el sistema de gobierno no todavía es estable, las catástrofes continúan abatiéndoles, en comparación con otros países, de forma nefasta[8]. Antes del terremoto, Haití ya sufría numerosas calamidades pero ello se agravó con el terremoto de enero del 2010, una de las catástrofes más notables y letales de su historia[9]. Según Robert Perito, miembro de la Institución de Paz Estadounidence (IPE), esta catástrofe provocó la paralización de un visible crecimiento económico y político que beneficiaba a Haití luego de haber sido afectado, en el 2008, por cuatro fenómenos atmosféricos significantes[10]. A pesar de las ideas de diversas naciones para crear un esquema de recuperación, la República posee una gran necesidad de un sistema para la atención de urgencias que sea local, estable y efectivo[11]. Para lograr lo anterior, las naciones externas arrojan un visual panóptico de las áreas que necesitan fortalecerse como las de seguridad, gobernanza, leyes, economía y bienestar social. Para alcanzar un país con mejor respuesta a los daños catastróficos, necesariamente, Haití debe prestar mayor esfuerzo a la construcción de infraestructura resistente y segura, fomentar la economía rural, la construcción de vivienda permanente, instaurar un gobierno sólido, promover el acatamiento de las leyes y crear un fondo de ayudas para catástrofes futuras[12]. ¿Pero con cuáles recursos ya cuenta Haití para el manejo de catástrofes? Antes de contestar esta interrogante resulta imperativo conocer la estructura política de dicho País y luego recontar sus esquemas para contrarrestar los constantes daños catastróficos que le aquejan. Haití tiene una forma gubernamental de república y posee diez divisiones administrativas (Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est)[13]. Su Constitución fue aprobada en el 1987, pero luego de establecerse, el País recibió varios golpes de estado, se puede decir que quedó puesta en práctica a partir del año 2006[14]. Su sistema legal está modelado por el Código Civil Napoleónico, y posee tres ramas de gobierno: la Ejecutiva, Legislativa y Judicial[15]. La Ejecutiva está compuesta por un Jefe de Estado (actualmente el presidente Michel Martelly), un Jefe de Gobierno o Primer Ministro y un gabinete gubernamental escogido por los mencionados dos jefes[16]. El Presidente es electo por voto popular, mientras que el Primer Ministro, es nominado por el Presidente[17]. La rama Legislativa es bicameral, denominada Assemblee Nationale o Asamblea Nacional, que está integrada por 30 asientos en el senado y 99 sillas en la Cámara de Diputados[18]. Ambos cargos son elegidos por voto popular. Haití no cuenta con fuerzas militares regulares y su fuerza de seguridad está compuesta por una modesta Guardia Costanera y las Fuerzas Armadas Haitianas o FadH que aún existen en papel, aunque fueron desmovilizadas[19]. Algunos decretos de ley proveen instrucción sobre la atención a eventos catastróficos. En el propio Derecho Constitucional haitiano, encontramos artículos dedicados expresamente a la protección ambiental, como el Título IX en el Capítulo II. Aún así no se ha reconocido el derecho a un medio ambiente de calidad: “Il est important de souligner que la Charte Fondamentale de la République d’Haïti na pas encore reconnu, parmi l’ensemble des droits subjectifs, le droit à l’environnement. Certains pays ont dû consentir des amendements constitutionnels pour accueillir comme un nouveau droit de l’homme, le droit à unenvironnement de qualité”.[20] Tampoco debemos olvidar que en su Carta de Derechos fundamentales se manifiestan protecciones individuales que debieran redundar en la creación de un sistema de manejo de desastres efectivo. Algunos de estos derechos son el derecho a la vida y a la salud, a la propiedad, o a la seguridad[21]. A pesar de las faltas en el texto sobre reconocer un derecho al medio ambiente de calidad, igualmente se pone en evidencia que el sistema de derecho haitiano sí posee una conciencia ambiental y cognición sobre el valor de implantar derechos ciudadanos. Podría decirse que estructuración de sistemas de respuesta a catástrofes es relativamente joven[22]. En el año 1968 se había creado una Ley de Urgencia o Loi d'urgence du 16 septembre 1968, que era la encargada de crear un fondo para proveer ayuda en caso de desastres naturales[23]. Más adelante, en el 1978, se redujeron por ley los fondos pro ayuda de cataclismos naturales en un 20 por ciento, lo cual agravó la posición de Haití para enfrentar devastaciones naturales[24]. Sin aún tener precedente de un cuerpo de ayuda formal y organizado, en el año 1988, finalmente fue creado el Organismo de Atención al Desastre y de Socorro (Organisation Pré-Désastre et de Secours u OPDES) cuya misión era de alerta, evacuación y ayuda humanitaria[25]. Aun así, debido a la frecuencia de los desastres naturales ocurridos en Haití y su gran vulnerabilidad, en el año 1999 se instituye además el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres o Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD)[26]. Un secretariado permanente coordinó a 26 instituciones gubernamentales y no-gubernamentales que estaban preparadas para responder ante catástrofes naturales[27]. Actualmente, el Ministerio de Interior y de Colectividades Territoriales o Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), es el encargado de dirigir el desarrollo político a través del Comité Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres o Comité National de Gestion des Risques et des Désastres (CNGRD)[28]. Este ministerio posee una excelente estructuración teórica, envidiable para muchos países, por ejemplo su Plan Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, es un completo informe sobre la situación pre y post desastres de Haití hasta el año 2001 y pone de manifiesto que sí existen organismos altamente organizados para la atención de catástrofes, por lo menos en papel.[29] A nivel nacional, provincial y comunal, en caso de emergencias, actúa la Dirección General de la Protección Civil (creada apenas en el año 1999) o Direction Générale de la Protection Civile (DPC), ésta es responsable de la coordinación operacional durante los estados de urgencia[30]. En caso de catástrofe, el Centro de Operación de Urgencias o Centre d’Opération d’Urgence (COU), es el que reúne los miembros del secretariado de la SNGRD y la DPC para organizarse y responder a las emergencias[31]. La gestión gubernamental de Haití ante las últimas catástrofes naturales ha demostrado, a la vez, el dinamismo y las limitaciones de las capacidades operacionales de este sistema. Existe un sistema organizado, no falta legislación que, de ponerse en práctica, resultaría en un loable sistema de diligencia ante riesgos. Empero, la coordinación nacional en numerosas ocasiones, es saboteada por conflictos políticos y algunos a nivel comunal[32]. Se pueden contar agentes que sirven fielmente al sistema pero, como en todo país, existe la corrupción que redunda en el detrimento funcional de estos organismos. Entendemos que la debilidad que posee Haití al enfrentar catástrofes naturales, es una de corte institucional. Hace falta fortalecer al País en este aspecto y no ahogarlo en opiniones, recomendaciones, planes o proyectos de leyes extranjeros. Ante las deficiencias, a nivel estratégico y en soporte del SNGRD, el Gobierno Haitiano creó un Grupo de Apoyo de la Cooperación Nacional o Groupe d’Appui de la Coopération Internationale (GACI), que reúne a varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Mission des Nations Unis pour la Stabilisasion en Haîti, o MINUSTAH; las agencias internacionales de desarrollo, y las asociaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales[33]. De lo que se trata es de asegurar la coordinación de los actores internacionales implicados en la preparación ante catástrofes naturales y relacionados con las actividades de respuesta, movilización de fondos y cooperación técnica. También el Comité Permanente de Inter-Organizaciones o Comité Permanent Inter-organisations (CPIO), asegura la coordinación de actores internacionales[34]. Esfuerzos considerables han sido realizados a partir del año 2004 con el refuerzo de las capacidades de previsión y respuesta a catástrofes naturales. Los aditamentos recientes se centran en la atención adecuada de las catástrofes más recientes y recurrentes como lo son los terremotos y la actividad ciclónica[35]. Además de los mencionados planes, en Haití, destaca el programa de la Cruz Roja Haitiana de 2001 o “The National Disaster Risk Management Plan” (NDRMP), que es dirigido por el Primer Ministro y propone la reducción de riesgo y mitigación de daños. Aún así, no podemos decir todavía que Haití posee un sistema de aviso prematuro al desastre. Por lo anterior, uno de los cometidos principales de el NDPRMP es crear un sistema de esta naturaleza. Aunque todavía quedan peldaños de diseño y evolución por recurrir, el NDPRMP ya ha probado ser efectivo y reducir las tasas de mortalidad en la República Haitiana[36]. Posterior a la embestida de varios huracanes, inundaciones y otros desastres naturales, la ONU, en Haití, propuso un plan local efectivo para el manejo de este tipo de acaecimientos[37]. Dentro de las prioridades estaba brindar un soporte multilateral, con tres objetivos: elaborar un Plan Nacional de manejo de riesgos y desastres (donde diferentes agencias se unan para lograr la efectividad de plan a largo plazo); el establecimiento de un sistema institucional nacional descentralizado (donde se impartan distintas tareas a diversos entes); y contribuir en la creación de un Centro de Operación de Emergencias piloto (que coordinase la respuesta rápida a los desastres de las comunidades)[38]. Este plan fue ideado en el año 2003, después que en el año 1998 el huracán Georges afectara gravemente al territorio haitiano[39]. Algunos años más tarde, se presenta la Ley de Estado de Urgencia del 2008 o Loi Sur L'état D'Urgence, du 9 septembre 2008. En la misma, se presenta un proyecto para proteger a los ciudadanos en caso de cataclismos o emergencias naturales. Textualmente se creó con el fin de proteger la propiedad, a las personas, el ambiente y las infraestructuras para que fuesen resistentes a todo tipo de catástrofe. “La présente loi a pour objet la fixation des modalités d’instauration de l’état d’urgence en vue d’assurer la protection des personnes, des biens, de l’environnement ou des infrastructures en cas de catastrophe naturelle”[40]. En esta ley, se establece la importancia de crear tanto un plan de prevención, como uno de subsanación de daños, por ello se activa ante la inminencia de un desastre y propone medidas de atención posterior[41]. El Estado de Urgencia, según la ley permite que se active un plan remediador luego de la ocurrencia de cualquier acaecimiento que afecte el funcionamiento habitual del País y sus agencias. El gobierno podrá utilizar todas las medidas pertinentes para garantizar la solidaridad internacional, para ello se regirá por las normas del Derecho Internacional y la Ley Nacional: “pendant l´état d’urgence, et par dérogation aux normes en application, le gouvernement est habilité à agir en vertu de l’acte instaurant l’état d’urgence. Il prend toutes mesures jugées utiles y compris l’appel à la solidarité internationale. Dans ce dernier cas, les interventions se feront selon les règles de droit international et la loi nationale”[42]. De acuerdo a la urgencia el gobierno podrá: declarar el estado de urgencia, desembolsar fondos, utilizar el presupuesto para atender la emergencia, hacer valer contratos sin pasar por la burocracia de los reglamentos administrativos, ejecutar medidas de intervención rápidas, ordenar el cierre de establecimientos, ordenar la evacuación poblacional de zonas en riesgo y proveerles albergue, abrir todo tipo de ayuda financiera posible para los damnificados, ordenar la construcción o demolición de alguna obra (por ser un requerimiento de seguridad), ordenar la disposición de agencias y personal necesario para las ayudas, tomar cualquier medida pertinente para brindar ayuda si las que se disponen por ley no son suficientes, desplazar las fuerzas de seguridad necesarias, entre otras. Esta ley abole cualquier otra disposición previa que contradiga sus políticas públicas[43]. Luego de esta ley de 2008, y a partir del terremoto del 2010 se crea una enmienda de la Ley del Estado de Emergencia o la “Loi Portant Amendement de la Loi sur l'Etat d'Urgence du septembre 2008”. Esta nueva versión adapta la ley de 2008, para que luego de cada desastre natural o catástrofe, se haga un reporte de daños y ayudas brindadas y además creará la Comisión Intermedia para la Reconstrucción de Haití o CIRH, que estaría encargada de poner en vigor el plan de desarrollo y reconstrucción efectuado por el gobierno luego del terremoto de enero del 2010: “Le mandat de la CIRH consiste a mettre en œuvre le Plan de Dévelopement pour Haïti soumis par lepar le Gouvernement en répose aux conséquences du séisme qui a dévasté le pays le 12 janvier 2010”[44]. Se establece en el mismo artículo que la duración del cuerpo duraría 18 meses[45]. Luego del trágico terremoto, no sólo se enmendaron las leyes, sino que esta lección fortaleció el plan de emergencia de la Protección Civil[46]. En vísperas de la temporada ciclónica del 2010 Haití se preparó para ser, posiblemente, arrastrado a otra tragedia. Por ello, la Protección Civil haitiana, decidió valerse de los diversos medios de comunicación para crear un sentido nacional de sensibilización hacia los eventos catastróficos y mantener al pueblo lo más informado posible[47]. También se propuso utilizar sistemas de fondos como el de las Naciones Unidas para habilitar los refugios que fueron destruidos durante el evento sísmico del 2010. Además se emplearon recursos para crear conciencia colectiva de prevención y enfrentamiento de desastres. Se gestionó también con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estado de Haití la creación de un sistema multimedia para la alerta temprana de desastres[48]. Algunos esfuerzos fueron puestos en informar a la ciudadanía sobre otras catástrofes, como los terremotos. Otro plan lo fue la descentralización de los organismos que brindan ayudas y dividir las áreas de apoyo en departamentos más eficientes. Se culminó el programa, recalcando la gran importancia de implantar un organismo de protección civil que funcione cabalmente. En vista de las leyes y organizaciones que posee Haití para atender los daños catastróficos, se puede pasar a un análisis sobre las mismas, también pasar juicio sobre sus deficiencias y así tomar en cuenta dichos desperfectos para la creación de sistemas futuros más efectivos. De entrada nos encaminamos a pensar que el problema con la atención de catástrofes en Haití no se centra en la redacción de las leyes o falta de organismos adecuados, sino en su pobre funcionalismo en la práctica. Primero que nada en el espacio de pensamiento haitiano, La Ley de Urgencias de 2008, a pesar de contar con prometedoras medidas de atención a desastres, ha creado, en general, un grave malestar[49]. Miles de personas se han organizado en protestas que han cubierto las calles del País[50]. Las manifestaciones se develaron luego de que se justificasen con la Ley atrasos en los salarios y el enriquecimiento injusto de algunos organismos capitalinos[51]. Los habitantes de Haití temen perder el control y gobernación de su propio país. Asimismo reclaman que el poder ejecutivo se ha beneficiado grandemente en el aspecto lucrativo con las ayudas externas que le provienen estando bajo el manto de un estado de urgencia[52]. La ley se ve como una desgracia en el sentido de que autoriza al Presidente a expropiar tierras privadas para el establecimiento de campamentos y así provocar evacuaciones[53]. Arguyen que ley provee violaciones a sus derechos constitucionales dada a la inconcebible amplitud y arbitrariedad de la ley[54]. Por otro lado, en otros bandos se reclama que la ley fue aprobada de forma legal, que traerá grandes ingresos y que permitirá maniobrar para lograr una recuperación de Haití luego del terremoto de enero de 2010[55]. Otros estudios locales[56] como los estudios del Reseau National de Defense des Droits Humaines o RNDDH, han esgrimido a fondo la Ley de Urgencia y la califican como una medida de altas y peligrosas limitaciones a las libertades públicas. Se explica que la ley justificó las privaciones de libertad para lograr el orden público y el restablecimiento de servicios luego de las numerosas catástrofes que ha sufrido la República. Aun así se critica que, de ser ese el objetivo, deben restringirse las libertades de forma excepcional y cuidadosa[57]. Según el estudio de RNDDH la ley tiene varias fallas, se reclama que no se establezcan parámetros para mantener la integridad del orden del estado y prevenir los golpes de gobierno[58]. También se condena que no hay forma específica de tramitar la puesta en práctica de la ley y que esto puede dar lugar a arbitrariedades[59]. Otra de las cosas apuntadas es la amplitud de los conceptos de ley y su peligrosidad a fines de dar rienda suelta al gobierno para hacer “cualquier cosa” con tal de subsanar las crisis en Haití: “En plus des pouvoirs étendus du gouvernement, énumérés dans la loi celui-ci peut, en vertu de l’article 7, alinéa 19, prendre toutes autres mesures permettant de faire face à la situation. Il s’agit là d’une sorte de pouvoir illimite”[60]. Los derechos fundamentales igual serían susceptibles de ser afectados: il est généralement admis que les droits fondamentaux susceptibles d’être affectés en période de crise où l’état d’urgence est déclaré, sont : les droits à la liberté et à la sureté, à l’inviolabilité du domicile, au secret des communications, à la liberté de circulation et de résidence, à la liberté d’expression et d’information, le droit de réunion et le droit de grève. La loi doit néanmoins préciser dans quelle mesure chacun de ces droits peut-être suspendu[61]. Otra situación de peligro es que se le otorgó demasiado poder a las fuerzas de seguridad[62]. La ley tampoco dispone cómo ni cuáles son los recursos y remedios legales de las personas afectadas por catástrofes[63]. La RNDDH propone que la ley debe ser enmendada para subsanar estas deficiencias, garantizar a plenitud los derechos de los ciudadanos, la democracia, buena governanza y derogar la corrupción. En “Rule of Law in Haiti Before and After the 2010 Earthquake”[64], el autor intenta hacer un acercamiento a las necesidades previas de Haití y su sistemas de atención a cataclismos, antes y después del terremoto del 2010[65]. Este es un giro de perspectiva en cuanto a opiniones extranjeras que poco o nada abordan sobre las medidas de atención a catástrofes en Haití. Este texto explora los desafíos que enfrenta la mencionada república al construir un sistema legal más estable. Esta es una de las mayores necesidades de dicho territorio luego del terremoto ocurrido en el año 2010. Se plantea que para construirlo deben explorarse las necesidades que poseía Haití antes del terremoto y compararlas con aquellas posteriores a la catástrofe[66]. El artículo comienza por definir qué es “rule of law”, y se define como una forma de gobierno, de orden y ejecución de las leyes que se utilizan para dirigir a un país y su supremacía sobre otros intereses. Estos elementos tienen gran envergadura en la protección de la democracia, la transparencia gubernamental y los derechos civiles. Previo al terremoto de 2010 se estima que los mayores problemas que tuvo Haití lo fueron: la explotación europea y la pionera liberación de los esclavos (lo cual le produjo grandes enemigos en otros territorios); los incontables gobiernos déspotas y dictatoriales, que impidieron el desarrollo de las clases sociales más bajas y causaron todo tipo de represiones o abusos a los derechos ciudadanos[67]. Otro de los aspectos lo es la limitación constitucional y la otorgación de demasiado poder al Parlamento; además le ha afectado la inexistente separación de Iglesia y Estado; la poca promoción de los derechos civiles; la falta de instituciones gubernamentales estables y de confianza; los problemas de gobernanza y constantes ataques de fuerzas clandestinas; y el grave hacinamiento en las cárceles y sus condiciones detrimentales[68]. Dentro de los problemas luego del terremoto se encuentran: la pérdida de vidas e infraestructura; la destrucción de instituciones de justicia; el resurgimiento de más grupos armados clandestinos; problemas de logística en la distribución de ayudas; asaltos, violaciones y abusos contra mujeres y niños; y la destrucción de lugares encargados de la protección y seguridad social[69]. El artículo culmina identificando las fuentes de ayuda disponibles para Haití, que son de naturaleza extranjera y deja ante el lector los vacíos que necesitan subsanarse[70]. En otros acercamientos textuales se presentan otros asuntos que agravan la lenta recuperación de Haití, luego de las catástrofes[71]. El sistema de orden y justicia en Haití ha tenido sus fallos, metamorfosis y problemas considerables. Este país ha sido víctima de numerosas situaciones de desorden durante las pasadas décadas. Para solucionar este problema de gobernanza, algunos expertos proponen atajar a los grupos clandestinos que causan motines y desorden, aumentar el entrenamiento de la seguridad haitiana, aumentar el número de policías, evitar el tráfico de armas ilegales y el acceso a las mismas[72]. Así confían en que se puede establecer una mejor coordinación entre los grupos de seguridad, mejorar los cimentos de la justicia y hacer que el sistema sea más efectivo al ejecutar sus mandatos[73]. Los escritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) también se centran en reportar el estatus actual de gobierno en Haití y arguyen que dicha nación está en miras de establecer un gobierno más democrático pero que aún sufre los embates de grupos clandestinos (que mientras existan limitarán la renovación del País)[74]. Esto sería más factible en los tiempos actuales, pues ya se ha abolido el régimen dictatorial más importante y el derecho constitucional haitiano ha mostrado un considerable progreso[75]. Además existen esfuerzos como los de las Naciones Unidas para estabilizar al país luego de los varios atentados contra el orden[76]. Se destaca en estos artículos, que a pesar de grandes esfuerzos, aún los ciudadanos sufren incontables violaciones a sus derechos civiles y que el sistema de gobierno no es del todo estable[77]. Tomando en cuenta las numerosas violaciones a los derechos civiles (no sólo de grupos locales sino también internacionales) otros expertos se dedicaron a estudiar la posible causa de la violación a los derechos humanos. En una minuciosa encuesta se detalló que el problema puede ser la simple ignorancia[78]. La mentada rigurosa medición le fue realizada a los cuerpos de ayuda que asistieron a Haití luego del terremoto ocurrido en enero del 2010. Se reseña el saldo de muertes y daños económicos luego de la catástrofe y las agencias que intervinieron para brindar ayuda al pueblo haitiano. Se realiza esta investigación con 138 participantes en los esfuerzos de rescate durante el terremoto de 2010, quienes fueron entrevistados en cuanto al enfoque de las ayudas y la protección de los derechos humanos, mientras éstas eran brindadas[79]. En las conclusiones de la encuesta se dirimió que un gran porcentaje de los cuerpos de ayuda, no estaba conformado por locales o haitianos, por lo que era importante que se conocieran los tratados de derecho internacional, respecto a los derechos de las víctimas[80]. Un 85% de los participantes manifestó estar al tanto de los tratados internacionales sobre derechos humanos[81]. La gran mayoría coincidió en que era posible brindar ayudas a Haití teniendo como punto de partida el respeto hacia los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales[82]. El artículo destacó la importancia de basar las ayudas externas en la guarda los derechos humanos y educar (en los marcos legales internacionales) a quienes trabajan en las labores de ayuda[83]. Otro de los problemas que no se resuelven en la ejecución de los sistemas de emergencia en Haití es la deforestación. En “Haiti hopes to break the cycle of disaster: restoring its lost forests”, Ed Helmore, explica que no sólo un pobre plan de emergencias y bajos estándares de construcción son los responsables de agigantar los efectos de los desastres naturales que afectan a Haití. En este artículo se plantea que uno de los mayores culpables del acrecimiento de tragedias lo es la deforestación. Gracias a la tala de árboles no sólo se incrementan los efectos de la erosión, sino que se han producido deslizamientos que han dejado un centenar de personas muertas en los pasados años. Esto también ha causado la deploración de la economía agraria y del combustible que se usa en tareas domésticas como la cocina[84]. En el escrito las opiniones expertas como las de la ambientalista Jane Wynne, levantan una súplica para que Haití sea reforestado y plantean, además, que la reforestación se haría posible al implantar conciencia en la población y buscar nuevas fuentes de combustible[85]. Se estima también, que con la reforestación gran parte del país podrá ser autosuficiente y no dependería tanto de las ayudas de gobierno u otros mecanismos paternalistas[86]. El Secretario de las Naciones Unidas no fue una excepción a la hora de realizar un escrito sobre las fallas en el sistema de atención de desastres en Haití[87]. Éste efectuó un estudio, para informar la situación de Haití post-catástrofe. Se destacó en él la larga historia de fragilidad socioeconómica que ha padecido este País desde sus inicios[88]. Además relata que posee graves debilidades en el área política e infraestructural. A ello se suman la gran cantidad de emigración hacia los Estados Unidos y la poca fomentación del mercado local[89]. Ante estos problemas el secretario entiende que existen varias soluciones como generar una estrategia económica local, fortalecer la seguridad social, tener como norte principal el restablecimiento de las necesidades básicas, del trabajo, la paz, y auto-sustento[90]. Piensa, además, que la reconstrucción del país, es una ventana abierta para la generación de empleos y que también se puede nutrir de la explotación económica de sus tierras y la exportación. Propone que se le brinden ayudas internacionales para la creación de un sistema de generación eléctrica propio, que se reformen las leyes para obtener títulos de propiedad, crear accesibilidad en sus puertos de embarque, creación de nueva y sólida infraestructura, fomentación de empleos y la exportación. Remarca la necesidad de poner a Haití en condiciones para que tenga sustento propio de alimentación y protección local del ambiente. Entiende que hay suficiente ayuda y que todo queda en manos de su gobierno; también queda el aceptar o no estas sugerencias[91]. Como solución a la debacle en Haití, se incentiva explotar las áreas rurales de dicho país económicamente para tener otras fuentes de ingreso; evitar la excesiva migración hacia la capital en busca de trabajo; traer a planificadores urbanos que re-piensen la estructuración del país a largo plazo; crear recursos para el desarrollo económico de aquellas clases bajas que habitan en la ciudad[92]. Todas estas propuestas emanan de la comparación del terremoto de 2010 con las catástrofes naturales ocurridas en Norte América y la mención de soluciones que han rendido resultados meritorios en los Estados Unidos[93]. Otra recomendación extranjera de reestructuración fue brindada por la Unión Europea. En el artículo “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria, se centró el debate en brindar un reporte del sistema de ayudas en la Unión Europea (UE)[94]. Su pertinencia con el tema de las catástrofes en Haití, es el exitoso manejo de emergencias a través de un plan de atención de catástrofes efectivo, llevado acabo luego del terremoto del 2010 en la región capitalina de Puerto Príncipe[95]. El escrito propone que para lograr una reacción en caso de catástrofe que sea más fuerte, coherente y esté mejor integrada, deben haber dos facetas de organización: consolidar los instrumentos individuales de respuesta de la UE, y asegurar la congruencia y las sinergias entre los diversos instrumentos, en aras de la coherencia de la respuesta internacional. Destaca en este artículo un esquema para la atención de catástrofes, el primero de ellos es la adaptación de los medios existentes a un mundo cambiante; asimismo se recomienda la creación de principios rectores para la atención de catástrofes (como mantener el espíritu de solidaridad, ampliar la cubierta de ayudas para que se atienda todo tipo de catástrofes, delegar ayudas en diferentes tipos de instancias correspondientes, mantener la humanidad, equilibrar la prevención, reacción y preparación); se hace hincapié en buscar formas para hacer la ayuda rentable (ejemplos: utilizar los transportes públicos y evitar la creación de más instrumentalidades gubernamentales que puedan fomentar la burocracia); se propone también pasar de la coordinación ad hoc a la creación de un sistema legal estable (evaluación de las necesidades, tener una logística compartida, entre otras); se destaca que la respuesta a las catástrofes debe ser coherente y urgente; también que el esfuerzo sea visible, o brindar informes de cómo se efectuó la ayuda, su efectividad u otros aspectos relevantes. Finalmente en el artículo se promete la creación de legislaciones estables destinadas a aplicar las ideas clave de este plan[96]. Para concluir podríamos decir que mediante este escrito se tuvo la oportunidad de mirar a Haití desde una óptica más cercana y sincera. Haití no es un país carente de estructura y recursos sin más, sino que posee leyes y sistemas que de ser implantados redundarían en un sistema local efectivo para la atención de desastres. Las recomendaciones internacionales notan los fallos del sistema pero no habría devenir, mientras no haya voluntad o una reestructuración cultural de un País que ya ha recibido demasiados embates en la psique de su pueblo. No vemos, sin embargo que se brinden planes concretos que signifiquen en el fortalecimiento institucional. Es vano que ingresen al país cuantiosas inyecciones económicas si no son distribuidas correctamente. No es tampoco una solución definitiva traer cuerpos armados del extranjero, que no serían permanentes. Antes de seguir planteando alternativas, debe desvestirse el sistema haitiano, quizás no se trate de escribir más propuestas, sino de ver como puede curarse a un pueblo abatido. ¿Podrá Haití alguna vez sanar?
REFERÊNCIAS Almeida Júnior, J. M. G. (1994). Desenvolvimento ecologicamente auto-sustentável: conceitos, princípios e implicações. Humanidades, 10, 284-299. Alves Filho, F. (2002, 03 de abril). País sujo. Revista Isto É, 1696, 74-80. Milfont, Taciano Lemos Coelho Júnior, (2007, set.). Psychology of Environmental Attitudes. A cross-cultural study of their content and structure. Disponível em https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/1712/02whole.pdf?sequence=5
NOTAS [*] Catedrático Asociado Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico.
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